Independientemente de quién gobierne el Ayuntamiento de Burgos los próximos cuatro años, uno de los primeros asuntos que deberá afrontar la nueva Corporación, y en particular el futuro Ejecutivo municipal, es qué hace con una decena de proyectos que están lanzados, pero que precisan con urgencia de una inyección extra de dinero al Presupuesto para evitar que sufran nuevos retrasos o incluso que se pierdan subvenciones aportadas por otras administraciones. Es el caso, por ejemplo, de las obras de reforma de la Perrera, de los trabajos para atajar las goteras de la plaza Santiago, de la inauguración del centro de aves del Castillo, del arreglo de la cubierta de la Casa Consistorial...
Conviene aclarar que a esta situación se llega, en primer lugar, porque en el Presupuesto de 2023 que aprobaron el PSOE y Ciudadanos no se reservaron partidas para estas actuaciones, aunque algunas de ellas podían considerarse urgentes. Lo que se hizo fue aprobar de manera inicial en abril una modificación de crédito de más de 30 millones de euros, que permitiría sacar adelante algunas inversiones perentorias, pero que también fue aprovechada para que socialistas y naranjas impusieran su programa.
No la consensuaron con la oposición, que votó en contra, y ahora, cuando se tiene que decidir si se aprueba de manera definitiva, los partidos del bloque del centro derecha se encuentran con una patata caliente. Porque ya sea desde el Ejecutivo, si hacen valer su mayoría en las urnas, o desde la oposición, de lo que no hay duda es de que ellos tienen los votos (15 de 27) para decidir si esa modificación, que hace apenas dos meses no les gustaba, se aprueba o no.
Aprobar la modificación que diseñaron el PSOE y CS supondría para el PP o Vox tener que tragarse un sapo, ya que, aunque puedan compartir buena parte de su contenido, no es el documento que ellos habrían elaborado. Es todo lo contrario a lo que sucedió en 2019, cuando populares (entonces en el Gobierno) y socialistas (en la oposición) pactaron las inversiones que se iban a encontrar al inicio del nuevo mandato. Estuviera quien estuviera al frente del Ejecutivo.
¿Qué consecuencias tendría no aprobar la modificación presupuestaria? Tiempo y puede que en algún caso incluso dinero. Si el PP y Vox, en el supuesto de que gobernaran la ciudad, decidieran diseñar su propia modificación de crédito, eso supondría empezar de cero la tramitación y difícilmente podría entrar en vigor antes de septiembre. Dicho de otra manera, parece que antes de esa fecha, por ejemplo, sería imposible reiniciar las obras de reforma de la perrera, que llevan prácticamente paradas un año y precisan de 138.000 euros para poder retomarse (se tuvo que aprobar un modificado del proyecto). De la misma manera que parece garantizado el retraso en la inauguración del centro de aves, ya que faltaría el dinero para licitar la gestión de este espacio o para pagar el último modificado.
Más allá de estos casos, quedarían apenas tres meses para licitar y adjudicar algunas actuaciones antes de final de año. En el mejor de los casos se llegaría con el agua cuello. Está pendiente, sin ir más lejos, la contratación de los trabajos para atajar las goteras de la plaza Santiago (160.000 euros) o del proyecto y las obras para la construcción del pavimento podotáctil que permitiría ubicar terrazas en las llamadas zonas singulares.
También, por ejemplo, estaría en el aire la campaña de bonos al consumo, que el PP, en su programa electoral, promete continuar y de la que Vox ha presumido estos años al asegurar que fue una idea suya. En la modificación presupuestaria se habían reservado 1,5 millones de euros.
Delicada podría ser también la situación con dos inversiones costosas, como son la de la reorganización del tráfico en el entorno de la glorieta Jorge Luis Borges (1,8 millones) y la reurbanización de las calles Merindad de Castilla la Vieja y de Montija (2,1 millones), ya que el Gobierno de coalición pidió que estas dos actuaciones fueran cofinanciadas con el Fondo de Cooperación Local de la Junta. Cada una de estas actuaciones tiene garantizados más de 600.000 euros de subvención, pero es condición que las obras estén contratadas antes del 20 de octubre de este año. Si no se llega a tiempo, podría darse el caso de que se pierda la ayuda.
Están licitadas, pero no se pueden adjudicar hasta que exista una partida la rehabilitación del Centro Municipal de Cótar (315.000 euros) o el arreglo de la cubierta de la Casa Consistorial (150.000). Es decir, su ejecución se retrasaría.
Ya desde el ámbito de la gestión, conviene recordar también que la modificación presupuestaria contemplaba una inyección de casi 1,4 millones para afrontar el coste de llevar los residuos al vertedero. La última Ley del Gobierno multiplicó casi por cuatro el precio por cada tonelada que no se valoriza. Quién sabe si no pagar a tiempo (por falta de recursos) puede llevar aparejado el abono de intereses de demora. A eso se suman inversiones pendientes en el Ecoparque.
El futuro Gobierno deberá tomar pronto una decisión en firme.