A la mayoría de los alcaldes les da pavor siquiera pronunciar la expresión. No se atreven ni a mentarla porque la sola alusión a la cuestión de confianza supone asumir una posición de debilidad que ningún regidor municipal desea ocupar. Este instrumento, regulado en la Ley de Régimen Electoral General, está planeando estos días como fórmula para que el PP se sacuda la presión de Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento, que le impuso suprimir el convenio de colaboración con tres ONG -Atalaya, Burgos Acoge y Accem- que trabajan con inmigrantes. Cristina Ayala tragó en un principio con la exigencia, pero el clamor social le hizo el jueves rectificar y anunciar que enmendaría su propio proyecto de Presupuestos para otorgar de nuevo las subvenciones -119.000 euros- a esas tres asociaciones.

En la rueda de prensa que dio sobrevoló la posibilidad de que hiciera uso de una cuestión de confianza si Vox rechazaba devolver los apoyos a dichas organizaciones. Pero ella no pronunció ninguna de las tres palabras. Dijo que existen «mecanismos» para sacar adelante unas cuentas municipales si su socio rompe el pacto, pero tuvo que ser un periodista quien citara la expresión 'maldita' para que ella asintiera. 

Más allá de que ese mismo jueves saliera Fernando Martínez-Acitores a escena para anunciar que su formación presentaría una transaccional que supedita la concesión de esas ayudas a que las ONG las destine solo a programas con extranjeros regulares, lo cierto es que en este año y medio de coalición la ruptura no ha estado tan cerca. De hecho, como publicó ayer este periódico, no está tan claro que los cuadros de mando nacionales de Vox vayan a permitir que sus ediles burgaleses den marcha atrás a su inicial negativa a subvencionar a Burgos Acoge, Atalaya y Accem. De manera que es posible que la cuestión de confianza pase a formar parte del vocabulario de la alcaldesa de Burgos. Y quien más sabe, o uno de los que más, sobre cuestiones de confianza no es otro regidor municipal de la capital que el socialista Ángel Olivares. De hecho, fue él quien inauguró el uso de tal instrumento entre los ayuntamientos de grandes capitales de España. Fue en 2001. «Y no me arrepiento de haberlo hecho, sino todo lo contrario», comenta ahora en charla con este periódico.

Ángel Olivares, en su etapa como alcalde de Burgos. - Foto: Alberto Rodrigo

Pero antes de llegar a ese 5 de abril de 2001 en el que se sometió a dicha cuestión de confianza, a sabiendas de que iba a perderla, conviene hacer un poco de historia, sobre todo para que los lectores observen las diferencias y las semejanzas entre lo que ocurría en el número 1 de la Plaza Mayor hace dos décadas y lo que sucede ahora.

De las elecciones de 1999 salió una corporación municipal con representación de cinco partidos: PP (10 concejales); PSOE (9); Tierra Comunera (3); APBI (3) e IU (2). Una circunstancia que complicaba demasiado la formación de un gobierno. Pero las conversaciones de los de Olivares, el comunero Luis Marcos y Manuel Ortega, de Izquierda Unida, fructificaron y se formó aquel famoso tripartito.

«Consideramos que los burgaleses querían un cambio en la ciudad y no había otra alternativa que ese pacto», afirma ahora Olivares. La coalición «comenzó bien, trabajando satisfactoriamente, con propuestas que salían adelante, como el impulso al proyecto del complejo de la evolución humana». 

Pero entrado el año 2000 las cosas empezaron a torcerse. El Presupuesto de ese ejercicio acabó apoyándolo Tierra Comunera, pero tras muchas reticencias. Olivares explica que el motivo del distanciamiento coincidió con la presentación de un informe económico que pidió él mismo para evaluar la economía real del Ayuntamiento. Ese documento reveló que «si se seguía incrementando el gasto, el Consistorio entraría en una situación que iba a traer consecuencias para el futuro de la ciudad». «A la vista de ello, ni PSOE ni IU tuvimos duda de que había que ser responsables, reducir la expansión de gasto para no hipotecar a la ciudad de cara al futuro; pero Tierra Comunera no nos acompañó», explica ahora.

Sus concejales, Luis Marcos, Miguel Ángel Álvarez y Belén Güemes, ocuparon las áreas de Cultura, Deportes y Juventud, concejalías expansivas en gasto municipal. En ese año 2000 los nacionalistas empiezan a marcar distancias claras con sus otros dos socios. Votan, por ejemplo, contra el proyecto de Olivares de construir el vertedero de Abajas. Se oponen también al convenio por el que Campofrío cedía a la ciudad su inmueble del parque Félix (que sería centro cívico) a cambio de la recalificación del área de Coprasa para la edificación de viviendas. También rechazan que se firme el contrato con el arquitecto Navarro Baldeweg, que había ganado el concurso para levantar el complejo de la evolución humana.

Pero el episodio que dio la verdadera puntilla al pacto fue el decreto de Alcaldía que en mayo de 2000 echó atrás la reorganización que Miguel Ángel Álvarez había hecho en Instalaciones Deportivas. El edil comunero se lo tomó muy mal. Aseguró que Olivares le había desautorizado. Y por mucho que el alcalde se defendió asegurando que solo había corregido un error, la relación se rompió definitivamente en ese momento. En entrevista con este periódico en esa primavera, el regidor municipal seguía apostando por el acuerdo, pero al mismo tiempo decía lo siguiente: «No somos rehenes de nadie ni admitimos condiciones ni chantaje». Tal cual. A los pocos días el propio Álvarez le acusaba de desestabilizar la coalición. De hecho, estaba destruida, aunque la ruptura formal no se produjera hasta primeros de enero de 2001. Fue el día 8, pero este periódico dio la noticia un día antes. Los tres concejales comuneros abandonaban el equipo de Gobierno.

Que se había convertido en algo personal lo demuestra el hecho de que en esos días los nacionalistas dejaron caer que con Luis Escribano como alcalde -el segundo del PSOE en el Ayuntamiento- se mantendrían en el gobierno. Pero en eso los socialistas no podían ceder. Y no lo hicieron, condicionados también a buen seguro por la encuesta que este periódico encargó a Sigma 2, que reveló que Olivares era el líder local más valorado: cuatro de cada diez burgaleses lo preferían. 

Era enero de 2001, la ciudad no tenía Presupuesto para ese año. Y Olivares carecía de apoyos para aprobar su proyecto. «No había otra alternativa que presentarlo a votación y, tras ser votado en contra, presentarlo vinculado a una cuestión de confianza; así lo hice y creo que acerté», explica. El 5 de abril se celebró ese Pleno y Olivares perdió. Pero sus cuentas salieron adelante, porque «luego no se atrevieron» a presentar una moción de censura. 

Con la salida de Tierra Comunera de la coalición de Gobierno, las cuentas para echar a PSOE e IU del poder sí le salían al PP. Bastaba con sus 10 ediles, los tres de los nacionalistas y el de José Manuel Nuño, que se había presentado con las siglas de APBI (cuyo líder era Baeza) pero que después abandonaría para ir al grupo mixto. Aunque hubo conversaciones, la moción de censura no fructificó, debido también a que el PP nacional no lo aconsejó. Su secretario general entonces, Javier Arenas, insinuó que no se debía pactar con un tránsfuga, en referencia a Nuño. 

A Olivares «no» le importaba que presentaran una moción de censura. De hecho, indica que con la cuestión de confianza él quería forzar al resto de partidos «a que se comprometieran a gobernar la ciudad, porque en ese momento eran un gobierno en negativo». «Pero les asustó la responsabilidad», asegura.

En su opinión la Ley de Régimen Electoral «presenta algunas deficiencias», la principal, la de «obligar a un gobierno municipal en minoría a seguir gobernando con la oposición de la mayoría, porque no existe la posibilidad de convocar elecciones, como sí ocurre en el caso del Estado y las Comunidades autónomas». De ahí que Olivares se decantara por la cuestión de confianza, porque no estaba dispuesto a que la oposición se «amparara en ser la mayoría para boicotear todos los proyectos de ciudad». El exalcalde afirma que con ello logró aprobar un Presupuesto «con un volumen de inversión muy considerable» y niega que entre 1999 y 2003 la ciudad estuviera paralizada. «Se amplió el cementerio, se inició el vertedero de Abajas, se reformaron las piscinas y el polideportivo del Plantío, se hizo la mayor gestión de suelo desde el punto de vista del planeamiento y se pusieron las bases del complejo de la evolución humana», resume.

Su acción demostró que «en minoría se tienen instrumentos para sacar adelante los presupuestos». He ahí el espejo en el que se puede mirar Cristina Ayala si su relación con Vox se rompe. En opinión de Olivares, la situación actual y la pasada tienen semejanzas y diferencias. Entre estas últimas, la principal es que si el PP se queda en minoría «puede llegar a acuerdos con el PSOE que permitan la gobernabilidad, como ya ocurrió en tiempos de Lacalle alcalde y De la Rosa como jefe de la oposición». Pero si por los motivos que fueren no quiere dialogar con los socialistas, «puede tirar de la cuestión de confianza, porque lo que está claro es que PSOE y Vox no van a presentar una moción de censura».

«Tiene todas las facilidades del mundo para gobernar con 11 concejales, porque además De la Rosa es responsable y no va a bloquear la ciudad», afirma. Lo contrario que en su época, cuando la lógica decía que la oposición le echaría del sillón de la Alcaldía, aunque finalmente no sucediera. En su opinión, el PP «no tiene que gobernar en contra de los principios que dice mantener». Respecto a lo sucedido el jueves, Olivares cree que «hay un acuerdo que no se explicitó».

Y en todo caso, sobre la exigencia de Vox de no destinar el dinero a programas que trabajen con inmigrantes irregulares, advierte de que si se acepta se corre el riesgo de que las ONG «se conviertan en aliados municipales para marginar a personas en situación irregular, lo que supondría un fraude ante la opinión pública y algo moralmente inasumible». 

He aquí el ejemplo de 2001, que según el propio protagonista no resultó tan traumático.