A Sergio «le cortaron las alas cuando tenía 15 meses» con la vacuna triple vírica y desde entonces no ha dejado de sufrir. Lejos de paliar el calvario vivido en estos 20 años por las consecuencias de la actuación sanitaria, la familia Nicolás Hermoso denuncia que Sacyl no deja de darles «con la puerta en las narices» y relegarles a un rincón. «Si yo te he hecho un mal a ti y lo reconozco, en caso de que no te pueda poner bien, intentaré compensarte de la mejor manera posible y no darte más fuerte en la cabeza para que termines de morir. Pues eso es lo que está haciendo la sanidad conSergio, le están hundiendo para que se quite de en medio», denuncia su padre.

Con una minusvalía del 92%, Sergio tiene ahora 21 años y sufre tetraparesia, una disfunción motora. Mantiene cierta movilidad en el brazo izquierdo que le permite desplazarse en una silla de ruedas autopropulsada y comunicarse a través de un ordenador. Desde hace 4 años acude a consulta de Neurología en Pamplona, donde con una máquina especial le inyectan directamente a los músculos una toxina botulímica que minimiza el terrible agarrotamiento. Hoy tiene una cita. Tenía, porque cuando fueron a solicitar la ambulancia para su traslado, la contestación fue negativa. «En la Inspección Médica nos dicen de un día para otro que nos lo deniegan y que si queremos ir que lo hagamos por nuestra cuenta», explica Rosa Hermoso.

Desesperados, ayer se pasaron la mañana en la puerta del Hospital Universitario como protesta por este último episodio de una atención que califican como «malísima»,  porque ni siquiera es tal. «Nunca le han hecho caso. En 17 años solo hemos conseguido 40 días de logopeda», aseguran.

La Consejería de Sanidad fue condenada en 2011 a indemnizar a esta familia burgalesa con 470.000 euros por la «sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada» que les supuso la gran invalidez de su hijo, según estipuló el TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León. «Desde que salió la sentencia no hemos pedido nada», explican, salvo el tratamiento que ahora les niegan.

Vicente Nicolás y su mujer, Rosa Hermoso, también han pagado con su salud las consecuencias de  una vida entregada a su hijo.Ella tiene una minusvalía reconocida y él sufre arritmias. Por eso se sienten con derecho a reivindicarse diferentes al resto ante la Administración regional.«Estamos así por ellos. Nos están matando y a esto no hay derecho», lamentan.

«Todos somos iguales pero mi hijo es distinto. Lo es por culpa de ellos y tiene que tener una sanidad completa y en donde nosotros queramos, no donde ellos nos digan, porque donde ellos nos mandan mi hijo cada vez está peor», explica Rosa.

Desde el Hospital Universitario aseguran no encontrar «justificación clínica» para derivar a este paciente a un centro fuera de la Castilla yLeón, aunque no explican por qué hasta ahora sí lo hacían.Asimismo, apuntan que le han propuesto una «cita inmediata con los especialistas para evaluación clínica y plan terapéutico en el HUBU», tras la que se establecerá «la competencia de los facultativos especialistas para asumir la patología o su derivación a otros centros públicos o concertados», detallan en un comunicado remitido a este periódico.

Los padres denuncian también que Sergio salió de una intervención de cadera sin la cabeza del fémur.  Desde entonces sufre intensos dolores, también en el cuello, por lo que debe volver a operarse. Y además está «en tratamiento psicológico y quiere quitarse la vida», porque oyó a los médicos decir que no iba a andar nunca y el no quiere pasarse la vida atado a la silla de ruedas.

La familia no quiere «estar siempre rogando», no solo atención médica sino también educativa. Sergio quiere estudiar, formarse, pero en el Centro de Educación de Adultos de San Bruno le rechazaron el curso pasado y también este. «¿Qué pasa, que se tiene que quedar en un rincón? ¿Que tampoco tiene derecho a aprender?», se pregunta Vicente.