La Alianza UPA-COAG ha calificado de "impresentable e indecente" que, según sus informaciones, la compañía BNK España "amedrenta a propietarios de tierras en zonas donde desean hacer sondeos subterráneos mediante la técnica de 'fracking' para alcanzar acuerdos de interés particular".
Fuentes de las organizaciones agrarias han asegurado en un comunicado que esta empresa privada, "amparada en los permisos que le concedió en su día el Ministerio de Industria", ha utilizado "tácticas intimidatorias dialécticamente", concretamente contra una ganadera burgalesa de Villarcayo.
Según han relatado, la citada compañía ha comunicado a la ganadera a través de una carta la advertencia de que su finca "pudiera estar sujeta a un expediente de expropiación forzosa", amparada supuestamente en que se trata de un proyecto de investigación de hidrocarburos.
UPA y COAG han querido denunciar "las formas en las que esta empresa se dirige a los propietarios de unos terrenos donde parece tener especial interés" por poner en marcha una técnica de extracción de gas no convencional, de la que al menos 150 asociaciones de la zona de las Merindades, entre las que se encuentra esta organización agrario, han mostrado "su más absoluto rechazo".
BNK se defiende. La empresa BNK, por su parte, ha respondido a las acusaciones asegurando que no tiene intención de instar a la expropiación forzosa de terrenos en Villarcayo para iniciar un proyecto de "investigación de hidrocarburos", tal y como mantenían las organizaciones agrarias UPA y COAG.
La compañía ha precisado que ya se ha puesto en contacto con la ganadera propietaria de la finca con la que se había iniciado una negociación para "pedirle disculpas" porque considera que no se ha comunicado con ella "todo lo bien que debería". Así, han aclarado que la intención de BNK era "negociar la compra de su finca en las condiciones más favorables para sus intereses" y que debido a que la propietaria "no lo ha visto conveniente", se ha cerrado el proceso. Ahora, se plantean "otras posibilidades", y creen que pueden llegar a acuerdos con otros propietarios de la zona "que pueden ser satisfactorios para las dos partes".
BNK ha defendido que los proyectos de "investigación de hidrocarburos" pueden ser declarados de utilidad pública por la Administración competente, que en ese caso podría decidir "cuál sería la ubicación de los terrenos para una ocupación que sería siempre temporal y que tendría como objetivo llevar a cabo la labor de investigación", como ocurre, han relatado, en las zonas "donde se van a almacenar materiales o maquinaria para construir una autopista o una línea férrea". Una vez que se acaba la obra, los terrenos vuelven al uso de sus propietarios han matizado.
El fracking y los riesgos medioambientales. Mientras, la postura de UPA-COAG es de oposición a la utilización en Castilla y León de la fractura hidráulica, porque "supone asumir importantes riesgos medioambientales y para la salud de quienes viven en los pueblos y del modelo de vida de las zonas rurales". En este sentido, insisten en pedir que la Comunidad Autónoma se sume a la de Cantabria que, han asegurado, "ha prohibido esta técnica de extracción de gas no convencional".
"No existe información suficiente que desmonte la idea de que se trata de una técnica agresiva de realización de explosiones en el subsuelo para la ruptura de rocas e inyección de un fluido a elevada presión que contiene agua, arena y productos químicos como benceno, xileno, naftaleno", han concluido.
Por eso, UPA-COAG participará activamente en el acto público de las Asociaciones de las Merindades que tendrá lugar el próximo martes, 27 de mayo, a las 12.00 horas del mediodía en el centro cultural de Villasante, donde se leerá una declaración conjunta que comparte "la práctica totalidad de la comarca mostrando el más rotundo rechazo a la técnica del fracking".