El Consejo de Administración de Aguas de Burgos revocará este jueves el acuerdo alcanzado en diciembre de 2012 por el que se encomendó a Juan Antonio de Miguel que se hiciera cargo de la gerencia de la sociedad municipal. La pérdida de confianza por las decisiones adoptadas en los últimos meses en materia de personal, de contratación y tras la polémica quema de documentos en las instalaciones de la calle La Lora harán que el máximo responsable técnico tenga que dejar su puesto (que ocupaba de manera provisional) tras más de 8 años al mando.

Le sustituirá en el cargo el actual jefe de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y responsable de vertidos, José Antonio Rodríguez. Lo hará de manera provisional, hasta que se produzca el nombramiento del nuevo gerente, ya que este químico con varias décadas de experiencia en la sociedad tiene previsto jubilarse a lo largo de los próximos meses. De hecho se ha iniciado ya el proceso de selección para ocupar su plaza.

En las últimas semanas se han producido varias conversaciones entre Balbás y Rodríguez y será este jueves cuando su adoptará el acuerdo de su nombramiento como nuevo gerente. Una responsabilidad que el jefe de la Depuradora ha aceptado.

Hace ya un mes que este periódico avanzó que el bipartito había tomado la decisión de relevar a De Miguel, que, salvo que opte por la jubilación, podrá regresar a su puesto como jefe del Departamento Económico-Administrativo.

Cabe recordar que el aún gerente de la Sociedad se encuentra de baja desde poco después de que se conociera la intención del Gobierno de coalición del PSOE y Cs de relevarle en el cargo.

Aunque estaba prevista su presencia en la comisión de investigación, que arranca esta tarde, todo hace indicar que no comparecerá ya que, tal y como ha avanzado el presidente de Aguas, Miguel Balbás, no se ha recibido contestación a la invitación a declarar. Ni suya, ni de la secretaria de dirección ni tampoco del jefe de servicio al que se relaciona con la destrucción de papeles. Este último, también de baja y persona a la que se le retiró la autoridad sobre la gestión de algunos contratos.