Hay varias razones para explicar este título, pero en Burgos se resumen en dos: por esas magníficas conexiones y por tratarnos como ciudadanos de cuarta. Se ve que nuestros impuestos cuentan menos que los de quienes viven en esos sitios desde los que se puede llegar en tren a cualquier punto de España en un tiempo razonable. Pregunto -y si alguien de la empresa pública tiene a bien contestar, se agradecerá- qué hemos hecho en el Norte de España en general y en Burgos en particular para que nos trate así de bien.

Hace lustros que cada cierto tiempo me desplazo a Galicia en tren -por convicción y, llegados a este punto, también por tozudez- pero cada vez que voy a sacar el billete compruebo que las opciones son menos y/o peores. En esta ocasión el destino es la ciudad de Ourense y constato, atónita, que el asiento en un tren de larga distancia que tarda en llegar nada más y nada menos que seis horas con cuarenta minutos cuesta entre 67 y 76 euros. Eso es solo la ida, ojo; una opción asequible, cómoda y competitiva. La otra posibilidad es un Alvia, con precios más económicos (ayer, 27 euros el trayecto), que tarda cinco horas y cuarenta y siete minutos. Por curiosidad miro cuánto tardaría desde Madrid y compruebo que entre el autobús a la capital y el tren a Ourense desde Chamartín invertiría prácticamente el mismo tiempo.

No voy a entrar en el tema del AVE, que merece capítulo aparte y no es la solución para todo, pero sí en el hecho de que Burgos no deja de perder conexiones y horarios. Es intolerable que avanzado el 2022 las frecuencias y precios no hagan viable ir y volver a Madrid en tren en el mismo día, por ejemplo. Y también lo es que una empresa pública que debería llevar la sostenibilidad por bandera nos empuje a usar el coche y haga de sus servicios algo cada vez más prescindible. Al menos, en una parte de España.