Las pequeñas y medianas empresas de transporte burgalesas han explotado y amenazan con parar si Educación no les paga de manera inmediata los cuatro meses que aún se les debe de las rutas escolares. Ayer tuvieron una reunión para tratar este asunto y avanzar a la Administración que no iban a continuar ofreciendo el servicio desde el día 10 de abril al no poder asumir más gastos de su bolsillo. La Junta de Castilla y León pidió disculpas al sector por estos retrasos y se comprometió a pagar en abril los tres primeros meses que se deben.
A mediados del mes de marzo este periódico explicaba la situación que estaban viviendo las compañías de transporte que cada día llevan a los alumnos del medio rural a sus centros de estudios. En esa ocasión eran los responsables de empresas de Merindades quienes daban la voz de alarma, pero el problema afecta a más de una veintena de toda la provincia burgalesa. En este momento se han unido todas ellas para exigir la deuda.
«Desde la Dirección Provincial no aclararon nada, pero desde Valladolid hay un compromiso fuerte para solucionar esta cuestión», aseguran las fuentes consultadas, que informan de que la Junta ha tomado cartas en el asunto. Sin embargo, durante los próximos días habrá más reuniones entre ambas partes para ver cómo avanza el tema y zanjarlo cuanto antes.
En este momento se adeudan los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Así, el compromiso es que en los próximos días se abone lo correspondiente a los tres primeros meses. «Este problema solo existe en Burgos y nunca antes nos había pasado», confirman los dueños de las empresas consultadas. El problema reside, según explican, en que las licitaciones para adjudicar las rutas no se hicieron en «tiempo y forma» y se realizaron, finalmente, a través de un contrato extraordinario. Eso ha derivado a que en la actualidad «no sepan darle forma» y acumulen esta deuda.
La situación económica de muchas empresas de autobuses «es penosa», confirman, ya que arrastran cinco meses realizando las rutas escolares sin ver un euro. Así, han tenido que hacer frente al gasóleo, a los sueldos de los trabajadores o a la seguridad social, todo sin percibir lo acordado con la Dirección Provincial de Educación. La dinámica habitual era recibir la cuantía a mes vencido, pero en este caso no han tenido más remedio que adelantarlo de su dinero.
Ángel Santamaría, de Autocares Pachín, dio la voz de la alarma hace dos semana y ya hablaba de que en su caso le estaba generando un «problema económico terrible». La deuda que acumula ya supera los 100.000 euros y eso dificulta poder seguir haciendo frente a las nóminas o el gasóleo. Ha recibido positivamente la noticia de que la intención de la Junta pasa por pagar en abril tres de las mensualidades, ya que «financieramente nos tiene asfixiados», aunque reconoce que para entonces ya se deberán los meses de febrero, marzo y abril.
Desde la Dirección Provincial aseguraron al saltar esta noticia que «se han registrado algunas incidencias en la contratación de algunas rutas de transporte» y añadían que se iba a abonar lo que queda pendiente «cuanto antes», pero en la reunión mantenida ayer parece tampoco aportaron claridad en este sentido. En septiembre no se podía prorrogar el contrato del curso pasado, vigente desde septiembre de 2017, porque ya se habían agotado sus tres años de vigencia más las dos prórrogas previstas -cinco cursos en total- y resultaba necesario elevar los presupuestos de las rutas por la inflación.
Sin embargo, no se trata del único problema que ha tenido Educación este curso relacionado con el transporte. La última fue la denuncia de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa) ante la falta de monitores en las rutas escolares con taxi. Eso sí, se acabó garantizando el servicio por parte de la Junta pese a las dificultades para encontrar monitores.