El procedimiento administrativo previo al reinicio de las obras del Parque Tecnológico ha concluido ya, después de que ayer se firmara el contrato entre la Junta y la empresa que llevará la dirección facultativa del proyecto, que cobrará 501.000 euros por ello. Desde la propuesta de adjudicación al estudio STAD42 Espacio Técnico hasta la formalización del contrato han transcurrido tres semanas, el plazo preceptivo para la presentación de recursos a dicho trámite. A partir de este momento la Unión Temporal de Empresa (UTE) que forman Obrascon Huarte y Padecasa tiene vía libre para que empiecen los trabajos de urbanización del futuro complejo empresarial, algo que previsiblemente ocurrirá en el mes de abril.

Hay que recordar que el proceso para encargar la dirección y supervisión del proyecto es el que se ha demorado en el tiempo y el que ha retrasado el inicio de las obras, ya que el contrato para su ejecución lleva adjudicado a Huarte y Padecasa desde noviembre del año pasado. Aunque se sacó a licitación en octubre, en previsión de poder resolverla a la par que la del grueso de los trabajos, una reclamación de las bases por parte de una empresa enquistó el proceso. El asunto llegó hasta el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), que finalmente dio la razón a la Junta.

Sin embargo, cuando se abrieron las ofertas económicas de las 8 compañías interesadas, la mitad de ellas presentaban una bajada anormalmente baja sobre el presupuesto inicial (unos 630.000 euros). De nuevo los técnicos de la administración regional tuvieron que analizar expediente por expediente. 

Las máquinas que regresen al suelo del Parque Tecnológico reiniciarán unas obras que llevan sin mover un metro cúbico de tierra desde 2019. Por aquel entonces la Junta encargó a la empresa pública Tragsa la ejecución de los 17,7 millones de euros pendientes, con el horizonte puesto en 2021 para su conclusión. Pero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León anuló la encomienda tras una denuncia presentada por la Cámara de Contratistas, lo que obligó a sacar de nuevo a concurso las obras.

Hay que remontarse mucho más en el tiempo, más de una década, para encontrar una actividad mucho más sostenida. En 2011 la encargada de urbanizar más de 100 hectáreas de terreno junto a la A-1 entró en concurso de acreedores. Isolux Corsán se vio en suspensión de pagos y la empresa Travis (que compró Isolux) no reunió los requisitos necesarios para poder retomar los trabajos pendientes del proyecto.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 24 meses. El contrato salió a licitación por 23 millones de euros, aunque la oferta escogida rebajó esa cantidad en 3,3 hasta los 19,8 millones.