Un poco cara le está saliendo la 'broma' al Ayuntamiento de no señalizar, hasta agosto de 2022, los semáforos espías distribuidos por la ciudad. A pesar de que los carteles ya están colocados, los despachos de abogados que han presentado demandas para anular las multas de sus clientes cazados por los fotos rojos están volviendo a litigar para exigir una condena en costas al Consistorio. Y lo están consiguiendo, porque los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Burgos están fallando a su favor y obligando al Ayuntamiento a pagar 200 euros por los costes del procedimiento judicial. Este periódico ha accedido a cuatro sentencias que resuelven a favor de los bufetes pero en los próximos meses se esperan más.
En las demandas el Ayuntamiento se allana y los jueces le están obligando a devolver al 'infractor' los 200 euros que pagó de sanción y los 4 puntos que le detrajo del carné de conducir por saltarse el disco en rojo cuando esos semáforos espía no estaban señalizados. Pero el número de procedimiento contra el Consistorio se están multiplicando por las condenas en costas que está recibiendo.
Entienden los titulares de los órganos contenciosos administrativos que «por más que efectivamente existan sentencias que muestran pareceres distintos, de no efectuar imposición de costas, se otorgaría una tutela judicial meramente aparente y no efectiva pues debería asumir el ciudadano un coste incluso superior al de la propia multa impuesta». «Se estima en suma -continúa el fallo judicial- que no existe razón para no dar lugar a imposición de costas si bien, visto precisamente que el allanamiento ha implicado una abreviación de trámites siendo innecesaria así la celebración de vista, se fija como límite el de 200 euros por todos los conceptos».
Hay que recordar que los seis semáforos espía empezaron a funcionar a finales del año 2011. Y pese a que organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llevaban tiempo advirtiendo de que debían señalizarse -igual que los radares- ningún burgalés acudió a los tribunales hasta después del año 2020. En ese momento fueron presentados varios recursos en los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Burgos y desde el pasado 20 de diciembre de 2021 los dos órganos mantuvieron el mismo criterio a la hora de dictar sentencia. Hasta esa fecha el número 1 ya había anulado una sanción por no estar debidamente señalizado el semáforo y no someterse a pruebas metrológicas.
El Ayuntamiento de Burgos ignoró este pronunciamiento y se agarró a uno previo del otro órgano, el 2, que sí le daba la razón. Este escenario dejaba a los conductores que recurrieran a los tribunales un 50% de posibilidades de ahorrarse la sanción. Sin embargo, desde el pasado 20 de diciembre de 2021 el criterio en esta jurisdicción empezó a ser único. Una sentencia de ese juzgado afeaba nuevamente al Consistorio que no informase debidamente a los vehículos del 'foto rojo'. Lo cual abría la veda a un aluvión de reclamaciones con la seguridad de que pueden tumbar la denuncia, como así sucedió.
En un primer momento el Ayuntamiento reaccionó haciendo más visible en su página web la información sobre el emplazamiento de los semáforos espía, una decisión a todas luces insuficiente según las sentencias posteriores. En una de ellas el juez decidió condenar en costas al Consistorio, tras lo cual el área de Seguridad Ciudadana aceleró los trámites para señalizar.