Tras varias sentencias judiciales en contra y un par de regates para burlar el mandato de los tribunales, el Ayuntamiento de Burgos claudicó a finales del pasado mes de agosto y señalizó los seis fotos rojos distribuidos por la ciudad. Lo que alegaban quienes recurrían las multas, y a quienes los magistrados empezaron  a dar la razón, es que estos detectores eran un instrumento recaudatorio porque no había ninguna señal que alertara de su presencia, como sí ocurre con los radares fijos. Si la teoría era que el aviso disuade al conductor de cometer la infracción, la estadística se ha encargado de tumbarla. Porque después de casi un año de la colocación de los carteles de advertencia, el ritmo de denuncias de los semáforos espía sigue siendo el mismo.

Según los datos facilitados por el Área de Seguridad Pública y Emergencias del Ayuntamiento de Burgos, en lo que llevamos de año estos dispositivos, colocados a escasos 20 metros de los reguladores que sirven para detectar quién rebasa la fase roja, ya han 'cazado' a un total de 3.815 infractores. Son aproximadamente la mitad que el total del 2022, pues tal y como recoge la Memoria de la Policía Local concluyó con 7.668 denuncias por este motivo. Esto significa que el ritmo sancionador de estos aparatos sigue intacto.

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