Los divorcios crecen en la ciudad. Las estadísticas oficiales del poder judicial así lo reflejan. Por ahora, el Consejo General ha publicado los datos del primer semestre, pero con los primeros seis meses de este año, ya se comprueba que las rupturas de matrimonio se multiplican, porque en este tiempo ya se han completado en los juzgados de Miranda casi los mismos que en todo 2022. Por ahora, la cuenta alcanza los 53, por lo 57 formalizados en todo el ejercicio anterior. Si vamos un paso más atrás, en 2021 el registro final fue 77.

Entre los abogados de la ciudad, sí que existía la sensación de aumento en el número de procedimientos. «Tengo más divorcios, de los dos tipos que existen», reconoce el letrado Álvaro de Gracia, quien explica que una de las variantes «es la de mutuo acuerdo entre las partes e incluso se hace con la misma representación». En esta categoría, se han producido una treintena de rupturas y hay otros 23 que no han sido consensuados. Este segundo tipo «es un procedimiento en el que hay que exponer al juez las peticiones de cada uno y si hay menores, además intervendrá el Ministerio Fiscal», matiza De Gracia.

El año pasado la diferencia estuvo todavía más decantada por las rupturas en las que los dos cónyuges pactaron las medidas, que «fundamentalmente se trata de fijar aspectos como la custodia, el régimen de visitas, pensiones y luego está los acuerdos que puedan derivarse de la liquidación del régimen económico matrimonial que haya existido», detalla De Gracia, quien considera que este último aspecto suele ser de los más complicados de resolver, «porque muchas veces te ata más la hipoteca que el propio vínculo matrimonial», opina.

La estadística oficial también incluye los modificaciones de todas estas medidas, «porque la vida cambia y las condiciones de cada uno desde que se emite la sentencia pueden cambiar», remarca la abogada Angélica Herrero, quien al margen del incremento de los divorcios, también añade una subida de estas variaciones de los acuerdos. De nuevo, el registro aportado por el Consejo General del Poder Judicial también ratifican esta sensación, ya que en el primer semestre se han contabilizado 22 procedimientos de este tipo, por los 19 que hubo en todo 2022. Como sucede en el caso de los divorcios, estos cambios también pueden realizarse de mutuo acuerdo o con la intervención de juez.

Sobre los tiempos de espera, De Gracia indica que los casos en los que hay acuerdo tienen un plazo menor en cuanto su resolución, aunque si hay menores también requiere una mayor tramitación, puesto que entra el Ministerio Fiscal. En cualquier caso, «lo que debería de ser un procedimiento de dos o tres meses, se está dilatando algo más», afirma el abogado. Si se trata de «un contencioso», cuando no hay consenso, Herrero repara en que «puede irse hasta el año y medio», en función de la carga de trabajo que exista en ese momento en el juzgado.