El proyecto para construir una planta de biogás en Altable, un pueblo de la comarca de Miranda, se ha enquistado. En torno a doscientos habitantes de la zona se manifestaron el domingo para mostrar su rechazo a una iniciativa que, según la plataforma ciudadana que les convocó, gestionaría «200.000 toneladas anuales de residuos y lodos de depuradoras y restos industriales» y generaría un tránsito de «120 camiones diarios de gran tonelaje». Las protestas han surtido efecto, pues los promotores del plan han optado por frenarlo mientras dure la presión vecinal.
«Hay una protesta social, que no sabemos si es de 4 o de 20 personas, pero de momento lo vamos a parar», explican a este periódico los promotores de la planta de biometano. Los impulsores de la iniciativa recuerdan que todavía ni han trasladado un proyecto firme al Ayuntamiento. Y parece que no lo llegarán a entregar. «Si esto no se resuelve no lo vamos a presentar, buscaremos otros emplazamientos y no lo haremos, lo que nos sobran son sitios», apuntan. «Donde no nos quieran, no vamos. Estamos tramitando muchos más emplazamientos repartidos por todo España», sentencian con rotundidad.
El alcalde del pueblo, Javier Santamaría, ha estado siguiendo el desarrollo de los hechos y comenta que los promotores, que contaban con un presupuesto de 21 millones de euros, le han transmitido recientemente que pararían el plan por ahora. «Me explicaron que iban a esperar para ver cómo evolucionan las cosas tras estos primeros contactos y a dejar pasar el tiempo un poco», apunta y reconoce que le «da rabia no haber podido ni siquiera mirar» un plan detallado.
Santamaría insiste en que la instalación de la planta aún estaba en una etapa temprana, por lo que no ha tenido ni la oportunidad de meditar su postura. «Como se han adelantado los acontecimientos, no se ha podido hacer un estudio para valorar los beneficios que iba a dejar en el pueblo o los perjuicios», explica. «Es una oportunidad y, con un estudio, se puede tomar una decisión, pero no veo normal la respuesta que ha tenido», añade sobre las críticas expuestas en la protesta del domingo.
El regidor cree que la iniciativa podría ser un motor económico para Altable y no solo por los 800.000 euros que dejaría en la administración municipal si saliera adelante. En este sentido, Santamaría remarca la importancia que tiene cualquier fórmula para generar empleo en zonas que sufren la despoblación. «Se está hablando de la España Vaciada porque no se crean empresas ni puestos de trabajo y esto podía impulsar la economía del pueblo, pero al haber pasado esto, parece que se van a ir sin haberlo estudiado», apunta.
El primer edil recuerda que esta iniciativa generaría ocho empleos directos, pero añade que podría dinamizar la economía en general. Y no solo de su pueblo. «También movería el resto de sectores. Por ejemplo, si aquí hay un herrero o un electricista participarían de una manera u otra, y así sería para toda la comarca. Mismamente, a los hoteles y restaurantes de Pancorbo también les dejaría algo», describe.
Mancomunidad. La Mancomunidad de Desfiladero y Bureba aún no ha manifestado una posición. El presidente, Juanma Ramos, cree que debían «esperar» por la falta de un proyecto aunque «con los datos que se han expuesto, nadie querría eso junto a su casa». Pese a ello, opina que, al organizar la manifestación, tal vez los vecinos «han corrido demasiado», pero también reconoce que «la administración ha intentado ser rigurosa y quizá no ha sido tan rápida como debía». En cualquier caso, recuerda que la institución que dirige «no tiene competencias» en este caso y necesitaría un «cambio estatutario» para tener más peso en el futuro.