En los edificios judiciales de la provincia se respira una calma tensa. Aún se escucha el eco de las protestas de los funcionarios, que entre los meses de abril y junio paralizaron alrededor de un millar de procedimientos, a las que precedieron las de los Letrados de la Administración de Justicia. La situación enfadó a otros profesionales, como procuradores, abogados y graduados sociales, quienes urgieron a un plan de choque a nivel nacional. Luego llegaron las elecciones y las aguas volvieron a su cauce, pero a juzgar por cómo ha empezado el curso, se avecinan tormentas. Primero, porque hay que recolocar aquellas vistas canceladas. Segundo, porque los trabajadores están ahora cogiendo las vacaciones no gastadas durante la huelga. Y tercero, porque la amenaza de nuevos paros pende sobre los tribunales.

Fuentes de los Juzgados de Reyes Católicos reconocen que antes del verano pensaban que septiembre iba a ser un mes trepidante, en el que las notificaciones pendientes iban a llegar en cascada. Sin embargo, ha sido más bien a cuentagotas, muy similar a años anteriores, y ha sido precisamente porque muchos funcionarios están actualmente disfrutando de las vacaciones que pospusieron por la huelga.

Según datos aportados por el Colegio de Procuradores de Burgos, se han contabilizado en lo que llevamos del mes de septiembre en la provincia un total de 18.400 notificaciones, unas 2.000 más que en la misma semana de 2022. Un repunte que se justifica especialmente en que tanto en Villarcayo como en Miranda de Ebro se han duplicado.

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