Es cierto que el importe total de las cotizaciones sociales a las que tendrá que hacer frente la UBU es mucho menor que el inicialmente calculado. Si en un principio el vicerrectorado de Relaciones con la Empresa y Resiliencia había previsto un desembolso anual de 300.000 euros, esa cantidad se ha rebajado a unos 50.000, a lo que hay que sumar los gastos en el personal que gestiona esas becas, como mínimo dos trabajadores más. Pero es un dinero, sobre todo en un contexto de infrafinanciación, tal y como denuncia la institución académica año tras año. De ahí que la Universidad se vaya a dirigir a la Consejería de Educación en las próximas semanas para que se haga cargo de abonar esas cotizaciones y también de los sueldos de los nuevos empleados que se encarguen de tramitar esas prácticas cotizadas. 

El vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar, advierte de que la Junta se dirigirá al mismo tiempo al Ministerio de Universidades con el fin de que sea el Gobierno central -que es el que impulsó el Real Decreto de la Seguridad Social- el que haga una transferencia de fondos a la comunidad autónoma con el fin de hacer frente a estas nuevas obligaciones con el Estado. Salazar recuerda que en un principio los responsables universitarios creyeron que la norma iba a obligar a que fueran las empresas, entidades o administraciones las que se responsabilizaran del pago de las cotizaciones. Pero en el Real Decreto queda claro que se abre la puerta a que sean las instituciones académicas las que lo hagan. Y el vicerrector opina que «quizás sea mejor así», porque la UBU ha detectado que si la ley hubiera obligado a asociaciones, bufetes de abogados y pequeñas empresas a ser ellas solas las que acarrearan con los gastos, a buen seguro que se habrían bajado del carro y muchos alumnos se quedarían sin prácticas.