No son pocos los estudiantes que han expresado a los profesores de la Universidad de Burgos su temor de quedarse sin prácticas -de las no remuneradas- por la obligación que tienen las empresas, a partir del 1 de enero, de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de estos becarios. Incluso los responsables del grado de Derecho han mostrado su preocupación porque algunos despachos de abogados ya han comunicado que la UBU no cuente con ellos para acoger alumnos del máster de la Abogacía, que es obligatorio para poder ejercer. Ante este panorama, la institución académica lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que será la propia universidad burgalesa la que haga frente al importe de esas cotizaciones, si bien no renuncia a que las compañías, entidades o incluso Administraciones públicas «se hagan corresponsables» de su abono y de gestionar ese personal en prácticas.
Y no son pocos los estudiantes de la UBU que cada año deben hacer prácticas no retribuidas. La cifra asciende a unos 1.400 alumnos, de los cuales 1.200 cursan grados del ámbito de la sanidad y de la educación, cuyas prácticas se realizan en colegios, centros de salud, hospitales, etc. Es decir, que dependen de la Administración regional. Pues bien, según explica el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar, ninguna de las dos consejerías, ni Educación ni Sanidad, han comunicado que vayan a afrontar el abono de las cotizaciones sociales, de manera que la Universidad de Burgos cuenta con que tendrán que correr por su cuenta.
A esos 1.200 jóvenes hay que sumar a otros 200 de distintas carreras. Están los de Derecho, quienes, tras terminar, tienen que completar el máster de la Abogacía para poder ejercer. Es decir, que es obligatorio. «En muchos bufetes no son más que uno o dos profesionales, más un administrativo, y nos dicen que con su tamaño no pueden hacerse cargo de la gestión de los alumnos en prácticas; que colaborar en su formación, bien, pero hasta ahí», explica Salazar. Ocurre lo mismo con quienes terminan Terapia Ocupacional, cuyos titulados acaban como becarios en asociaciones como Síndrome de Down, Secretariado Gitano, Apace, etc., entidades que carecen de una estructura organizativa para hacerse cargo de la gestión de ese personal y que, además, tiran mucho de voluntarios.
A pesar de que el Real Decreto de la Seguridad Social deja claro que no existe relación contractual con los alumnos en prácticas, estas organizaciones manifiestan su miedo a que el pago de esas cotizaciones implique que son responsables de su despido o de un accidente laboral, «cuando han de saber que los estudiantes están cubiertos por un seguro de la UBU».
Alumnos de ADE y de Ciencias -Químicas y Ciencias de la Alimentación también se enfrentan a este problema, si bien en este caso la Universidad se ve más capaz de comprometer a empresas medianas -de unos 30 trabajadores- para que hagan frente a esas cotizaciones. «Ningún estudiante se va a quedar sin prácticas, pero no renunciamos a seguir intentando que empresas y entidades se hagan cargo, porque estos jóvenes pueden serles muy útiles en el futuro, cuando necesiten contratar», subraya el vicerrector.
Además, el montante de las cotizaciones va a ser menor que el que en un principio había calculado la institución académica. La dirección provincial de la Seguridad Social convocó a la UBU a una reunión no hace muchas semanas en la que informó de que por cada alumno y mes el importe de la cotización ascenderá a no más de 10 euros por estudiante, con lo que la cantidad total que tendrá que asumir la Universidad cada año será de unos 50.000 euros, porque los periodos de prácticas no superan los tres meses. La previsión inicial había sido de 300.000 euros.