La exalcaldesa de Rublacedo de Abajo se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Burgos como acusada de rebajar el censo con la finalidad de influir en el resultado de los comicios.Según la Fiscalía, Marta Ruiz tramitó las bajas en el padrón municipal de 7 habitantes del municipio burebano para que «no pudieran votar ni ser votados en las elecciones de mayo de 2015».

El Ministerio Público solicita para la que fuera cabeza de lista de Ciudadanos 8 meses de prisión con inhabilitación especial para el sufragio activo y pasivo durante la condena y una multa de 2.400 euros por un delito electoral. Por otro lado, interesa el sobreseimiento respecto de Felipe Cerezo, alcalde pedáneo de Rublacedo de Arriba y marido de la encausada.

El expediente se inició en julio de 2014 pero no fue hasta enero de 2015 cuando se dictó la resolución que excluía a esas 7 personas, que «siempre habían estado empadronadas en el municipio» de Rublacedo de Abajo. El fiscal considera que lo hizo «a sabiendas» de que el procedimiento ya había caducado.  Los afectados aseguran que presentaron innumerables documentos que acreditaban su residencia efectiva en Rublacedo de Arriba. 

Marta Ruiz fue desalojada de la Alcaldía de Rublacedo de Abajo por una moción de censura impulsada por el PP en 2018. Dos años antes, su marido había accedido al cargo de alcalde pedáneo del otro Rublacedo, el de Arriba, con otra moción de censura contra dos de los afectados por los desempadronamientos que ahora se juzgan.

En el trasfondo está la oposición a la instalación de una embotelladora de agua, que tras años de protestas se va a instalar en la pedanía. 

Los denunciantes son familiares entre sí y vecinos de Rublacedo de Arriba, donde tienen casa familiar y una explotación agrícola en la que han trabajado o trabajan. Además, algunos han sido alcalde pedáneo, vocal de la junta vecinal o juez de paz, por lo que «siempre han figurado empadronados en el padrón de habitantes del municipio», reseñan en uno de sus escritos. De inicio, acusaron a la exalcaldesa por los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos, usurpación de funciones públicas, privación del ejercicio de derechos constitucionales y falsedad documental.

Los desempadronados obtuvieron una primera victoria judicial en 2017, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró la nulidad de la resolución de Alcaldía y condenó al ayuntamiento «a reponer a la misma en la situación de alta en el padrón municipal, como si no hubiese existido la baja», además de imponer al municipio las costas. Sin embargo, cuando formularon la denuncia aún no se había hecho.