La Audiencia Provincial condenó el pasado mes de enero a nueve años y un día de prisión a un hombre de origen peruano por abusar sexualmente de una niña, hija de unos amigos. Según reflejan los hechos probados, aprovechaba que los progenitores dormían para meterse en su cuarto y realizarle tocamientos. Los hechos quedaron ocultos durante casi una década, cuando la víctima cumplió la mayoría de edad. Contó lo ocurrido por el miedo que sintió al creer que su hermana sufriría lo mismo que ella. Este caso no es aislado. Hay más sentencias de este tipo dictadas por juzgados burgaleses. La vergüenza y el temor a una revictimización dejan ocultos muchos de ellos. Algunos, por suerte, terminan saliendo a la luz.
Jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, asociaciones e incluso los servicios sociales han señalado en los últimos años que el repunte de denuncias por delitos sexuales está vinculado a una mayor concienciación social. Ya no se toleran comportamientos anteriormente normalizados.
«Lógicamente, puede haber una influencia de las campañas que se han venido haciendo en los últimos años para que una víctima denuncie un delito de abuso o de agresión sufrido hace años», señala el fiscal provincial, José Fernández, quien apunta además que en el caso de los menores es más habitual por su especial vulnerabilidad. «A veces, al alcanzar la madurez, a través de una reflexión puede ver el momento de presentar una denuncia».
En las últimas jornadas de jueces de menores de España celebradas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, también se debatió sobre este asunto y sobre la importancia de tratar los delitos sexuales tanto entre menores víctimas como en el caso de los agresores que aún no han cumplido la mayoría de edad. Una de las conclusiones que se sacaron al respecto es la especial atención que hay que tener hacia los adolescentes por la manera que tienen de entender las relaciones.
Y aquí entra una cuestión muy importante, que es la creación de juzgados y fiscalías dedicadas a la protección penal y civil de menores víctimas. Se trata de un asunto que recoge la ley aprobada hace apenas dos años y que daba un plazo para la conformación de unidades judiciales especializadas en esta materia y que se ha incumplido.
Estos nuevos juzgados también deberían ir acompañados de instalaciones acordes (salas de declaración, equipos encaminados a evitar la revictimización, etc.), así como personal psicosocial que permita hacer una valoración integral. Cuestiones que, por otro lado, se vienen demandando desde hace años.