En una de sus últimas apariciones públicas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, confesó su preocupación por el incremento de los delitos contra la libertad sexual, los cuales, advirtió, «constituyen un evidente problema social más allá de las consecuencias jurídicas que acarrean». En la provincia de Burgos, el repunte ha sido progresivo en los últimos diez años, pero desde hace un lustro se han disparado. Son muchas las lecturas que se dan sobre este fenómeno, aunque por el momento la más concreta es la que habla de una mayor concienciación social que ha provocado que ya no se toleren comportamientos antes normalizados. Desde la Fiscalía ven interesante una especialización en este tipo de procedimientos ante la especial vulnerabilidad de quien denuncia.
Según la memoria del Ministerio Público, en 2013 se abrieron 85 diligencias previas por agresiones o abusos sexuales. Si echamos un vistazo a las estadísticas de los años sucesivos, observamos un crecimiento progresivo hasta 2017, cuando comenzaron a dispararse. De media, este tipo de delitos crecieron alrededor de un 20%, de tal manera que el último año cerrado, el de 2022, se superaron los 140 casos iniciados en la provincia. Según indica el fiscal jefe, José Fernández, en estos cuatro meses ya se ha confirmado esa tendencia alcista y todo parece apuntar que el ejercicio finalizará con un nuevo incremento.
«El repunte es evidente porque lo venimos reflejando en las memorias año tras año. Especialmente en los últimos cinco o seis años, cuando ha sido más acentuado», apunta Fernández, quien matiza que «otra cosa es dar una explicación a esta circunstancia. Saber las causas sociológicas y criminológicas es más difícil. Sería importante hacer una reflexión más profunda de este tema porque confluyen una serie de factores».
A juicio del fiscal provincial, lo más importante es hacer un estudio del perfil de los agresores y las víctimas, especialmente de las edades. «Probablemente en atención a estos parámetros podríamos sacar más conclusiones. Por lo pronto, ya sabemos que la gran mayoría de casos se resuelven porque el autor de los hechos es conocido de la denunciante», aclara.
Dentro de esa relación que, habitualmente, guardan víctima y agresor, José Fernández puntualiza que hay «absolutamente de todo», desde amigos y conocidos que se encuentran una noche de fiesta, hasta episodios de abusos entre familiares que incluso se extienden durante varios años. En estos últimos, suele haber menores de por medio.
El Ministerio Público lleva unos años especializando fiscales en determinadas materias donde se ha observado un incremento de los procedimientos. Tráfico, violencia de género, cibercriminalidad, etc. Teniendo en cuenta que los delitos sexuales han sido de los que más han crecido a nivel nacional, no se descarta crear una nueva área. «Tiene que ser la Fiscalía General del Estado la que primero dé el paso y luego haga lo propio con el resto de las provinciales», explica Fernández.
«Sería conveniente hacerlo en un futuro cercano, especialmente en el caso en el que las víctimas son menores. Está pendiente la creación de fiscales delegados en procedimientos de esta materia por la especial característica de las denunciantes y la preparación que hay que tener para atenderlas», aboga el jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos.