Han sido numerosas las ocasiones en las que el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha expuesto en público los motivos que sustentan la necesidad de implantar el grado de Medicina. La última fue en el Claustro de febrero, donde se detuvo en datos sobre próximas jubilaciones de profesionales (1.317 en la región en diez años) o las plazas MIR disponibles en Castilla y León, rebatiendo así el argumento de que no son necesarias más facultades, sino ampliar la oferta de vacantes de especialista.
Lo hizo asegurando que, según los datos del Ministerio de Sanidad, se trata de la Comunidad con más puestos de Médico Interno Residente por cada 100.000 habitantes, con 735 el pasado ejercicio, el doble de los egresados de los campus públicos de Salamanca y Valladolid, lo que, en su opinión, justifica la puesta en marcha de este grado. Este mismo argumento se reitera en la memoria para solicitar la titulación, al igual que la del éxodo de estudiantes de segundo de Bachillerato que deja la provincia para cursar la titulación.
Cada año siguen este camino una media de 50 jóvenes, de los cuales el 30% optan por universidades privadas y el 70% por públicas. De estos últimos, el 40% logra plaza en un campus de la región, mientras que el resto se traslada a otras, siendo, según la UBU, «muy pocos los que vuelven a establecerse en Burgos». Además, incide en aquellos que renuncian a estos estudios superiores por motivos económicos relacionados con ese cambio de residencia. «El sistema público no es capaz de absorber la demanda existente», sostiene respecto a una cuestión que, además, considera que permitiría atenuar el efecto de la despoblación por cuanto fijaría y atraería población. En resumen, la UBU pretende atender el elevado interés que existe por parte de los alumnos en una profesión «cuya tasa de paro no llega al 0,5% y que presenta un déficit de especialistas que se prevé importante».
La institución académica no se olvida de recordar el apoyo social a su reivindicación histórica, que han secundado, entre otras entidades, tanto su propio Consejo Social como el Colegio de Médicos, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y hasta el Ayuntamiento, que aprobó en el Pleno de octubre del año pasado una proposición en este sentido con el respaldo de todos los grupos políticos. Finalmente, pone el foco en la investigación y en el hecho de que un hospital apoyado en este grado «tiene menos problemas para encontrar profesionales, al igual que se consigue más financiación para proyectos que redunda en la provincia».