El coste económico de la paralización de la Justicia es grave, pues afecta a los ciudadanos, a los profesionales directamente relacionados con esta Administración y al propio Estado. «Pero el coste social es aún más preocupante», lamenta el decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza. Y es que la demora en la celebración de vistas orales «amenaza con la prescripción de numerosas causas penales, con todo lo que ello supone para las víctimas».

Va a haber ciudadanos a los que han robado en casa que «vean cómo los ladrones se van de rositas», o personas  a las que han agredido y que «no van a ser indemnizadas por las lesiones causadas». «Se trata de un perjuicio inasumible, que un Estado de Derecho no se puede permitir», resume.

Para Plaza, el debate sobre declarar hábil el mes de agosto es una maniobra de distracción «para enfrentar a los jueces con abogados y procuradores y a éstos con los letrados de la Administración de Justicia». Lo verdaderamente importante del plan de desescalada «pasa por la reincorporación al puesto de trabajo de los funcionarios, que son al fin y al cabo los que tramitan y dan salida a los procedimientos». 

«Por tanto, centrémonos en los importante y no en lo accesorio», afirma el decano, quien subraya la «importancia de poner en marcha un plan solvente para que empiecen a celebrarse juicios». La dificultad será «extrema» -vaticina- «pues habrá que espaciar las vistas orales en un verano en el que habrá pocos juicios», según vaticina la misma fuente.