La necesidad de apostar por energías renovables y reducir progresivamente las combustibles es algo que muy pocos discuten, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reciente cumbre del clima. Las empresas y las instituciones públicas están apostando por dar pasos en este sentido para mejorar el medio ambiente reduciendo las emisiones y abaratar las facturas.
El Ayuntamiento de Burgos no es una excepción y, además de instalar paneles solares en alguno de sus edificios con mayor consumo, sacó a concurso en febrero de este año un contrato de concesión demanial para la construcción de una red de calor que daría servicio a unas 25.000 viviendas del barrio de Gamonal y empresas del polígono industrial Burgos Este con una inversión de 16.856.000 euros.
Sin embargo, esa inversión lleva diez meses parada al no haberse resuelto un recurso que presentó una de las dos empresas que se presentaron al concurso (Iberdrola y Eco Energías) contra el procedimiento y todavía no ha sido contestado por los servicios técnicos municipales. Desde el área de Contratación se trasladó a la de Ingeniería Industrial, que todavía no se han pronunciado sobre si se acepta el recurso o por el contrario se retrasa y la mesa de contratación pueden abrir las plicas para valorar las propuestas técnicas y económicas.
Esta situación está provocando un importante retraso en la puesta en marcha de esta dotación de la que son culpables tanto el equipo de Gobierno anterior (PSOE y Ciudadanos) como el actual (PP y Vox), que no instan a los técnicos, -que no cambian aunque haya elecciones-, a informar a favor o en contra. El actual equipo del número 1 de la Plaza Mayor aseguró en agosto que el recurso se resolvería en septiembre, pero el tiempo pasa y nadie ha movido un papel para informar el recurso.
Cabe recordar que se trata de un contrato de concesión demanial con una explotación durante 35 años. La inversión que tendrá que realizar la empresa se estima en 16,8 millones de euros e incluye la construcción de una planta de generación de energía, así como unos 20 kilómetros de red para llevar el suministro a viviendas, empresas y también edificios públicos como bibliotecas, el mercado del G-9 o las piscinas del Silo y centros escolares. Se estima que la obras tendrán un plazo de ejecución de 8 meses y posteriormente se darían 16 meses para su puesta en marcha, de modo que el retraso en su puesta en marcha se acrecienta.
Lo que aportaría. El objetivo es llevar a los hogares y empresas energía limpia y más económica. La ciudad recaudará un canon de 480.000 euros anuales, en base a la Ordenanza 214 que establece los costes del uso del dominio público del suelo y del subsuelo. Esta es la cantidad mínima fijada en el pliego, dado que las empresas interesadas en la explotación pueden ofrecen un incremento sobre las tarifas aprobadas. La concesión se otorga a riesgo y ventura del concesionario y el Ayuntamiento se limitará a la puesta a disposición de los bienes de dominio público municipal estrictamente necesarios.
A ello se añade la rebaja en coste que supondría el suministro de calor a los edificios municipales que se engancharían a la red, dado que tendrían descuentos. De este modo, se estima que el Ayuntamiento podría ingresar al año un millón de euros. La empresa que ha recurrido había presentado un proyecto similar a este en 2020, pero el área de Fomento consideró que era mejor la convocatoria de un concurso.
Si el recurso se desestima se podrá seguir adelante con el concurso, pero si se estima y la otra empresa recurre se podría, incluso, tener que repetir el concurso, lo que sumaría más retrasos.