En junio de 2007, hace ahora casi 13 años, el Ayuntamiento de Burgos comenzó a desmantelar la vía muerta del ferrocarril que discurría entre el Silo y las piscinas de Capiscol. Lo hacía con sus propios medios y gracias a la autorización de la Junta de Castilla y León, titular de los terrenos después de que tiempo atrás se los hubiera entregado el Ministerio de Agricultura. Tras esos trabajos, que sirvieron también para, entre otras labores, retirar unas vallas metálicas y unas puertas frontales, la idea era que se firmara un convenio entre las dos administraciones para la cesión de esa alargada y estrecha parcela de 2.622 metros cuadrados a la ciudad. Aunque hubo algún amago de dar pasos en ese sentido y se llegó incluso a plantear la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona, la realidad es que el traspaso nunca se llegó a materializar.

La consecuencia de que no se produjera la cesión derivó en que el Ayuntamiento ha girado sucesivos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que la Junta de Castilla y León entiende que no debe de pagar ya que eso terrenos, a su juicio, quedaron configurados como un camino o una vía terrestre de uso público. Y defiende que desde el momento en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999 quedaba claro que eso era un espacio libre. Razones estas por las que ha presentado varias reclamaciones económico-administrativas para no pagar el tributo.

La situación se ha complicado porque en el catastro aparecía recogido que 475 metros cuadrados de la parcela se consideraban como espacio libre de uso público y 2.622 para equipamientos deportivos. Pero eso parecía no tener demasiado fundamento y a la Junta se le reconoció en 2017 la imposibilidad de desarrollo de edificabilidad de la zona de equipamiento deportivo en un lugar que se ha quedado como un mero camino. Eso se traducía en que los terrenos pasaban de valer 872.931 euros a 663. Y no es lo mismo pagar el IBI, si es que hay que abonarlo, sobre un valor que sobre otro.

Llegados a este punto, el Ayuntamiento admite la anulación del recibo del IBI de 2018 y de los años siguientes. Pero defiende que se deben de pagar los de los ejercicios anteriores ya que el cambio en el catastro no tiene carácter retroactivo. En concreto, exige que se le ingrese el tributo entre 2011 y 2017. Al parecer unos 900 euros al año.

El conflicto, que se habría resuelto con la cesión, ha derivado en la dedicación de multitud de horas a un expediente cuya solución parecía mucho más sencilla.