El sector de los cuidados domésticos, que emplea en la provincia de Burgos a 2.560 personas, según los últimos datos de la Seguridad Social, mantiene aún un número de empleos ‘en negro’ que oscila entre los 300 y los 400, según estimaciones de la Plataforma de Empleo en el Hogar. Esta entidad, conformada por 14 colectivos (asociaciones y sindicatos) que velan por el cumplimiento de los derechos de quienes están en un sector aún tremendamente precarizado, celebra todos los 16 de junio el día internacional en el que se recuerda a estas empleadas, porque fue en esa fecha cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio sobre Trabajo Digno para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, un texto que España sigue sin ratificar.
Estas mujeres -lo son en su inmensa mayoría- que trabajan en la limpieza de casas o en el cuidado de personas dependientes sin estar dadas de alta en la Seguridad Social no tienen ningún derecho, ni siquiera al subsidio aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo y que se va a empezar a cobrar ahora, con tres meses de retraso, hecho que también ha sido criticado por estas asociaciones ya que las ha dejado en el dique seco durante los momentos más duros de la pandemia.
El confinamiento como consecuencia de la situación sanitaria ha tenido consecuencias diversas entre las trabajadoras domésticas. La Plataforma se ha encontrado con casos de mujeres -sobre todo internas- que han seguido trabajando sin que se respetase su derecho al descanso porque han pasado la cuarentena con la persona a la que cuidan; otras cuyo empleo ha sido suspendido en esos días por el miedo al contagio y un tercer grupo que ante el riesgo de contagio y por seguridad personal no han podido ir a su lugar de empleo, lo que ha supuesto estar tres meses sin cobrar.
Por eso, las asociaciones y sindicatos les han trasladado durante todo este tiempo información actualizada sobre la normativa laboral -en especial la relativa al subsidio extraordinario para empleo en el hogar- pero también vinculada a la covid-19 para que se protegieran frente a la enfermedad; han realizado trámites on line ya que en muchas ocasiones los empleadores y las trabajadoras no se desenvuelven con facilidad en ese entorno, y han orientado en los tramites a las personas migrantes (muchas empleadas de hogar lo son) para su regularización en el arraigo social.
Según datos de la Seguridad Social, en diciembre de 2019 eran 2.489 mujeres y 71 hombres los que estaban dados de alta en empleo doméstico en la provincia de Burgos, en total 2.560. Esta cifra es ligeramente más baja a la registrada un año atrás, 2 .771, (2.696 mujeres y 75 hombres), un descenso que tiene que ver, a juicio de la Plataforma, con la subida de un 23% del salario mínimo interprofesional que se produjo el año pasado y por lo que hubo quien dejó de contratar.
Entre los 14 colectivos que componen la Plataforma gestionaron 703 ofertas, formalizaron 471 contratos para 364 personas. En este sentido, Nacho García, responsable del servicio de Intermediación Laboral de Cáritas, explicó que es muy habitual que las mujeres tengan que compaginar varios empleos a la vez porque son de pocas horas y con uno solo no alcanzarían a cobrar una cantidad suficiente a fin de mes.
La Plataforma considera que una forma de terminar con la vulnerabilidad de estas mujeres es que España ratifique el convenio de la OIT ya que de esa manera se conseguirá "una mejor regulación de los derechos para un colectivo siempre olvidado, de manera que tengan un sistema de protección por desempleo adecuado y suficiente y que se les pueda incluir en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
Fue el 30 de marzo de 2012 cuando las entidades Accem, Promoción Gitana, Asociación Hechos, La Rueda, Burgos Acoge, Betania, Cáritas Casa de Acogida San Vicente Paúl, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cauce, Atalaya Intercultural, Religiosas María Inmaculada y UGT conformaron la Plataforma de Empleo en el Hogar ante el cambio de normativa en enero de ese mismo año que reguló la relación laboral de carácter especial del empleo doméstico. Desde entonces vela por los derechos de las trabajadoras, desarrolla proyectos de difusión e información, crea un dossier con salarios y legislación y es un interlocutor común ante la Administración.