Marian Peña

Observando al Mundo

Marian Peña


Denunciar la corrupción

12/04/2023

España cuenta con el dudoso honor de ser uno de los países de la Unión Europea que ocupa los primeros puestos en acumulación de pérdidas derivadas del fraude y la corrupción, tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas. Por esta causa perdemos alrededor de 90.000 millones de euros al año, cantidad que, repartida entre todos, tocaría a unos 2.000 euros por ciudadano.

Allá por 2014, la corrupción era, según el CIS, uno de los problemas que más nos alarmaban pero, con todo lo sucedido con posterioridad, otros asuntos han cobrado protagonismo y han hecho que pierda enteros en la lista de preocupaciones de los españoles, a pesar de lo mucho que nos perjudica y de que es labor de todos contribuir para atajar el problema. No hay más que hacer un repaso por las noticias relacionadas con estos asuntos para ver que la colaboración ciudadana es fundamental en la erradicación de las prácticas corruptas, aunque a algunos les haya salido muy caro dar la voz de alarma; que se lo digan a personas como la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que destapó la trama Gürtel que, además del acoso laboral, llegó a temer hasta por su integridad física.

Por eso es importante la aprobación y entrada en vigor, hace unas pocas semanas, de la Ley de protección de denunciantes e informadores sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Desarrollo de una directiva europea que por fin se ha puesto en marcha, bajo amenaza de sanciones a los países que iban con retraso, entre ellos el nuestro. La nueva norma obliga a las administraciones públicas y a las empresas de más de 50 trabajadores a crear canales anónimos de denuncia que permitan sacar a la luz las malas prácticas que se puedan producir como, además de la corrupción, las vulneraciones de los derechos de los trabajadores, el fraude o el acoso laboral; garantizando que los informadores no sufrirán represalias, sobre todo porque si esto sucede estará penado con fuertes sanciones económicas que pueden llegar hasta el millón de euros. Veremos si el anonimato funciona y los que tienen algo que contar se animan a sacarlo a la luz.