La vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico, anunció esta semana la próxima apertura de centros de teletrabajo e innovación en las tres provincias españolas con menor densidad de población: Soria, Cuenca y Teruel. Para ello, el Ministerio va a firmar los correspondientes convenios con las diputaciones provinciales, que serán, como es lógico, quienes aterricen la ejecución del convenio.

Estos acuerdos van a permitir a Soria, por ejemplo, la apertura de quince Centros Orientados al Networking Empresarial, la Cooperación y el Teletrabajo (CONECT) en pueblos de menos de 5.000 habitantes (por encima sólo está la capital y Almazán, y por los pelos).

En estos centros, que estarán abiertos mañana y tarde, se va a desarrollar un amplio abanico de actividades que van desde el apoyo en gestiones digitales hasta el fomento de actividades empresariales o cursos de formación en habilidades digitales.

El detalle concreto de los servicios lo tienen que definir de manera conjunta entre la diputación correspondiente y el ministerio. Para ponerlos en marcha, el Gobierno se compromete a una dotación presupuestaria, que a lo largo de los cuatro años supera ampliamente el millón de euros en los tres casos en marcha.

Aparte de dar la enhorabuena a los ciudadanos de estas provincias, es de esperar que la Diputación de Burgos esté ya manos a la obra para conseguir un convenio parecido, puesto que el problema de la provincia es idéntico, en el ámbito rural como el urbano.

La Diputación de Burgos hace casi veinte años, en 2003, que se sumó a la red de Telecentros que pusieron en marcha el Ministerio de Agricultura, la Federación de Municipios y Provincias y Red.es. Dos años después, la Diputación tenía abiertos hasta 139 Telecentros, de los que hoy quedan menos de la mitad (66), según consta en la propia web de estos centros de la Diputación.

Como suele suceder con estas iniciativas, el problema es sostenerlas en el tiempo, y para eso hace falta dinero y personas que dinamicen estos centros, sea en Burgos o en Fernando Poo. Cualquiera que visite el presupuesto de la Diputación para 2022, que suma 136,3 millones de euros, encontrará dificultades para identificar dónde están estos telecentros. Lo más parecido está en el capítulo 98, donde figura un gasto destinado a internet con un presupuesto de 1,9 millones de euros, de los que un millón se van en maquinaria, instalaciones y utillaje y otro medio en estudios y trabajos técnicos. Es como no decir nada; pero tampoco es necesario ponerse estupendo y pensar cosas raras, que seguramente no las hay.

Lo razonable es ponerse en que este país se encuentra ante una situación única, con una fiesta que pagan los ricos de Europa. Ahora o nunca. El Gobierno central intentando hacer políticas reales para mejorar el mundo rural (convenios con las diputaciones); el autonómico está en la misma dinámica, con convocatorias, para antes de verano, solicitando a los ayuntamientos que se adhieran a su plan de centros de competencias digitales; y, el provincial, la Diputación, que lleva tiempo en esta guerra, tiene que llamar ya al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, preguntar por Juana López Pagán (directora general contra la Despoblación) y que, por favor, le den lo mismo que a Soria.

Hay consenso universal sobre el diagnóstico de problemas como el abandono rural y el riesgo de exclusión social que implica la digitalización, incluso hay enormes coincidencias sobre las políticas a aplicar. Lo que falta es pasar a la acción. Eso es justo lo que esperan los ciudadanos: más hechos y menos papeletas.