El padrón es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio y sus datos constituyen la prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. El INE, de acuerdo con los datos facilitados por los ayuntamientos, lo actualiza cada 1 de enero y esos números se utilizan para testar la situación demográfica de la provincia y las necesidades de cada uno de sus municipios. Sin embargo, muchos de los expertos en el tema advierten de que estamos ante registros ficticios, sobre todo los que se refieren a los pueblos, pues un volumen muy importante de empadronados no cumple con un requisito esencial:residir habitualmente donde dicen residir y no solo hacerlo los fines de semana o fiestas de guardar, o cuando interesa cambiar de alcalde, o gestionar un coto de caza, o pagar menos por un impuesto. 
Sí, vivimos en un estado de derecho en el que impera la libre circulación de personas y capitales, pero desde hace 9 meses no puede ser efectivamente así por el bien de todos. Pese a ello, se ha desatado la euforia por el cambio de residencia, la búsqueda de entornos menos poblados, menos limitados por las restricciones y supuestamente con menos riesgos sanitarios. Un maná para los pueblos vacíos. Pero, no nos engañemos, un importante volumen de empadronamiento se está utilizando también para sortear las restricciones a la movilidad entre comunidades obligadas por la pandemia. No son nuevos vecinos que quieren iniciar una nueva vida rural, sino veraneantes de fin de semana a los que no les duelen prendas en disfrutar de su segunda residencia poniendo en juego la salud de los vecinos de los pequeños municipios, los realmente empadronados. El papel oficial (legal, sin duda) lo justifica todo, especialmente el interés propio, que creo que no es el del Burgos rural, al que hacen un flaco favor este tipo de visitantes que reciben todo a cambio de nada. Veremos cuántos aguantan...