La hoja de ruta diseñada inicialmente por el Gobierno para implantar desde el pasado 1 de enero las Zonas de Bajas Emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes dejó en fuera de juego a los ayuntamientos. La solicitud de moratoria solicitada por la Federación de Municipios y Provincias fue rechazada y ahora, fuera de plazo, cada municipio afectado trabaja a la carrera para cumplir con la normativa a lo largo de este año.

Cada situación es diferente y la experiencia del vecino sirve de referencia para esquivar los problemas que puedan surgir durante la tramitación de las futuras normativas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos tiene en cuenta el caso de Gijón después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulara la Ordenanza de Movilidad Sostenible por no presentar una memoria económica y otras cuestiones de forma.

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones se ha convertido en un problema para muchas ciudades. Algunas, como es el caso de Estepona, ya han aprobado su ordenanza. Sin embargo, los ritmos son más lentos de los deseados por el Gobierno y cada ayuntamiento sigue su proceso para pisar en firme y evitar situaciones como la vivida el pasado año en Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara la normativa local una vez implantada.

En Valladolid tampoco se ha alcanzado el consenso deseado y el Partido Popular propuso paralizar la tramitación de la ordenanza para introducir una serie de cuestiones. Mientras, en la ciudad de Ponferrada ya asumen que será muy complicado poner en marcha toda la maquinaria antes de que finalice el año. 

Cada realidad es distinta y cualquier detalle puede condicionar el desarrollo de los respectivos proyectos. Por eso, en Bilbao aún trabajan con un borrador antes de dar los últimos pasos en esta materia y Córdoba estrenó la pasada semana su nueva ordenanza después de un periodo de consulta pública.