La suspensión cautelar y posterior judicialización del contrato de Burgos Central deja el proyecto iniciado en un limbo legal y a la espera de respuestas. Con los trabajos previos paralizados desde el pasado mes de diciembre, el tiempo sigue su curso y los plazos marcados por el Gobierno corren contra los intereses de un plan municipal que tiene fijado un presupuesto de 3,5 millones de euros.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó una inyección económica de 2.653.275 euros para esta cuestión, integrada en el programa nacional para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y obligatoria para las localidades de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, la situación de bloqueo actual abre la puerta a las complicaciones a medida que pasan los meses.

Tras la firma el pasado 4 de octubre del acta de replanteo, la compañía Etralux comenzó a desarrollar los trabajos relacionados con la instalación del sistema informático y posterior montaje de la señalética y de las cámaras. El plazo marcado para la ejecución de las obras es de 12 meses, pero el auto dictado el 1 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos ordenó la paralización del proyecto y el margen de maniobra se estrecha.

La adjudicación del contrato sin que se aprobara la nueva ordenanza encontró la acción directa del Partido Popular. Además, la portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, anunció la presentación de una demanda que retirará si el alcalde, Daniel de la Rosa, se plantea desde cero la cuestión de la Zona de Bajas Emisiones.

El equipo de Gobierno municipal ya presentó sus alegaciones en un proceso que sigue abierto, a la espera de una resolución que se espera en el mes de marzo.Desde Ingeniería Industrial, parte clave en el desarrollo de este plan, consideran que esta circunstancia no afectará a la cuestión técnica de la implantación de las zonas restringidas.

«A efectos prácticos, los técnicos y la ordenanza mantendrán la misma coherencia. Es lo que se argumenta, que no hay un perjuicio por haber contratado los elementos de control», explica el concejal Adolfo Díez. «Las instalaciones se podrían adaptar, ampliar o hacer lo que se plantee, pero los sistemas y los elementos contratados valdrán igualmente», insiste.

El edil considera que la futura normativa «avalará» los detalles recogidos en los estudios previos. Con todo, los trabajos iniciados están «suspendidos» a la espera de lo que se determine en el juzgado.

La orden ministerial que concede las ayudas para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones establece como hito crítico el 31 de diciembre de 2023 para el fin de la ejecución de los trabajos y, aunque el responsable de Tráfico pretende implantar ese año la ZBE, el Ayuntamiento de Burgos desconoce si se tendrá en cuenta este paréntesis forzoso en el caso de que la suspensión se prolongue en el tiempo.

«Se ha justificado que este tiempo transcurrido no debe tenerse en cuenta porque el proyecto se ha parado por una causa de fuerza mayor», asegura Díez, quien recuerda que la empresa encargada de los trabajos es «ajena» a esta circunstancia. «El proyecto se adjudicó a tiempo y la cuestión ahora es ver qué pasa al estar en suspenso. No deberían computar estos meses, pero lo determinarán las cuestiones jurídicas», insiste.
El concejal recuerda que analizar a fondo esta cuestión es hablar de «hipótesis» y al final el Mitma decidirá si el Ayuntamiento de Burgos «ha cumplido con las condiciones exigidas para recibir la subvención o no».En todo caso, esta circunstancia ralentiza la hoja de ruta programada por el equipo de Gobierno y Díez recuerda los riesgos que puede provocar esta situación en el futuro. «¿Si está en riesgo la ayuda europea? Prefiero decir que no está garantizada», zanja.

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