Ha vuelto a suceder. Y va camino de convertirse en la pesadilla de una familia. Y en un nuevo escándalo de una democracia con pliegues. Emilio Hellín Moro, integrante del comando terrorista Batallón Vasco Español que en 1980 asesinó de varios disparos en la cabeza a la estudiante burgalesa Yolanda González en un descampado a las afueras de Madrid, es hoy asesor pericial en la defensa de la política Laura Borràs, de Junts per Catalunya y expresidenta del Parlamento catalán imputada por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación. «Queremos manifestar nuestros sentimiento de indignación y hartazgo», explica Asier González, hermano de Yolanda.
Es comprensible la rabia y el dolor de esta familia, originaria de Villavedón y Palazuelos de Villadiego. Lo que no se pude entender es que se haya permitido que el asesino (que nunca mostró atisbo alguno de arrepentimiento por lo que hizo y que nunca cumplió su condena, ya que sólo pasó entre rejas 12 de los 43 años a los que fue condenado y eso que intentó fugarse dos veces, consiguiéndolo a la tercera para refugiarse en Paraguay y ponerse a las órdenes del dictador Alfredo Stroessner) haya vuelto a trabajar, aunque sea como perito, en asunto judicial después del escándalo que provocó en 2013 saberse que llevaba años realizando tareas de formación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vinculadas a técnicas forenses de espionaje y rastreo informático y colaborando en casos judicializados. Bajo el paraguas del Ministerio del Interior, claro. Tras la investigación que siguió al escándalo se confirmó: colaboró con la Guardia Civil a través de 15 contratos por los que llegó a facturar un total de 140.000 euros entre los años 2006 y 2011.
Interior se comprometió entonces a velar por que nada así volviera a suceder. Pero cuatro años más tarde, en 2017, se supo que el ultraderechista ejercía labores de asesoramiento y peritaje para el PP de Valencia en uno de los innumerables casos de corrupción que pudrieron a este partido en la comunidad levantina. De nuevo el escándalo. De nuevo la vergüenza. Y el dolor de una familia, que vive una pesadilla que no parece terminar nunca. El padre de Yolanda, Eugenio, natural de Villavedón, y su madre, Lidia, de Palazuelos de Villadiego eran emigrantes en Vizcaya. Él trabajaba como soldador metalúrgico. Yolanda tenía dos hermanos, Asier y Amaia. «Exigimos a cualquier representante político y organismo institucional que actúe en todo momento con unos niveles mínimos de ética y valores humanos y respeto a las víctimas del terrorismo», sostiene la familia.
Crecida en Deusto, buena estudiante, desde muy jovencita mostró gran preocupación por las cuestiones sociales, lo que la llevó a militar siendo apenas una adolescente en grupos locales de izquierda que realizaban activas labores solidarias. Concluidos los estudios de secundaria se instaló en Madrid y se afilió al Partido Socialista de los Trabajadores. Estudiaba Formación Profesional en Vallecas. Participó en todas las manifestaciones estudiantiles de aquella época convulsa. Tal vez por su capacidad de liderazgo, puede que por su activismo, lo cierto es que empezó a ser seguida y fue más tarde 'fichada', como otros tantos jóvenes de izquierda, por otros estudiantes a la sazón miembros de formaciones ultraderechistas.
Cuatro días después de la masiva manifestación de estudiantes de Enseñanza Media que colapsó Madrid, Yolanda desapareció. Como si se la hubiera tragado la tierra. Su cuerpo sin vida apareció el día 2 de febrero de 1980. Había sido secuestrada en su domicilio la noche anterior, salvajemente torturada y ejecutada con dos tiros en la cabeza. El Batallón Vasco Español reivindicó el crimen argumentando que la muchacha pertenecía la banda terrorista ETA. Apenas unos días después, la policía realizó una primera detención, la de Emilio Hellín Moro, un elemento de la extrema derecha que durante los interrogatorios implicó a un segundo: Ignacio Abad, estudiante de Químicas también ultraderechista.
Según quedaría desvelado tras el juicio contra ambos, en la noche del 1 de febrero los dos tipos, pertenecientes a un comando que se hacía llamar 'Grupo 41' (al que, se supo más tarde, pertenecían más personas, entre ellas un policía que se negó a tomar parte del crimen, denunciando los hechos a sus superiores), esperaron frente al domicilio de la joven a que ésta llegara. Al cabo de unos minutos, subieron y la engañaron para que les abriera la puerta. Cuando Yolanda lo hizo, se vio encañonada por una pistola. Entre ambos individuos la obligaron a abandonar su casa y a subirse al coche de Hellín, un Seat 124. Fue salvajamente torturada. Según el relato de los hechos recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional, en la carretera de Madrid a San Martín de Valdeiglesias, en un descampado, fuera de cualquier punto luminoso, los secuestradores la obligaron a bajarse del vehículo. Fue la última vez que escuchó el 'roja de mierda' que desde su captura llevaba oyendo mientras la golpeaban en el interior del vehículo.
Fue cuando Hellín le disparó un tiro en la cabeza. Abad hizo lo propio con el cuerpo ya en el suelo. Yolanda tenía 19 años. Un año más tarde fueron juzgados. Los torturadores y asesinos: el primero, a 30 y 26 años de prisión, respectiva mente. Pero aprovechando un permiso carcelario, Emilio Hellín se fugó en 1987 a Paraguay, donde fue localizado dos años más tarde y llevado nuevamente a prisión.
En 2018, el periodista Carlos Fonseca publicó el libro No te olvides de mí (Editorial Planeta), una indagación minuciosa sobre el que el autor considera (y así subtitulaba su obra) «el crimen más brutal de la Transición». La estudiante de origen burgalés no fue la primera ni la última víctima de aquellos años tan convulsos, pero para Fonseca las circunstancias que rodearon su brutal asesinato la convirtieron en el símbolo de una generación de jóvenes idealistas que se echó a la calle decidida a cambiar el mundo».