En la Concejalía de Hacienda ya están echando las cuentas para preparar el Presupuesto del próximo año y la inflación se va a comer una parte del dinero que, de no ser por la escalada del IPC, a buen seguro se podría destinar a inversiones o ayudas sociales. Al capítulo 2 -el reservado para los bienes corrientes y servicios- el Ayuntamiento de Burgos dedicará un millón de euros más que en 2022, debido a que la renovación de los contratos de servicios se «encarecerá» más o menos en esa cantidad, según las previsiones del departamento que dirige en el concejal socialista David Jurado.
Es verdad que los contratos ya no incluyen cláusulas de revisión asociadas a las subidas de precios -después de la Ley de desindexación de 2015, que desvinculó los precios públicos del IPC-, pero aquellos que se renuevan cada dos, tres o cuatro años sí que están resultando más caros al Consistorio burgalés, «sobre todo aquellos en los que la mano de obra supone una parte importante del servicio». Y es que, como advierte el propio edil del equipo de Gobierno, los convenios colectivos de los distintos sectores «sí que se están referenciando al Índice de Precios al Consumo».
Durante este 2022 el Ayuntamiento ha tenido que renovar varios compromisos contractuales de esa naturaleza, alguno de ellos caducados desde el año 2017. Pues bien, de acuerdo a la subida apreciada en las adjudicaciones de distintos servicios, Hacienda calcula que el año que viene hará falta un millón de euros para hacer frente a la renovación de los contratos que expiran en 2023. Por ejemplo, la limpieza de instalaciones municipales está previsto que se adjudique en breve por un precio de 2.397.000 euros, cuando el anterior se concedió por 2.134.000 euros, casi 300.000 más.
El famoso contrato de Telebaldosa se acaba de licitar por 680.000 euros, cuando en la anterior convocatoria su coste se halló en 600.000 euros. El de señalización horizontal y vertical, que caducó en 2017, se ha adjudicado a una empresa por 503.000 euros mientras que el anterior, que databa de 2012, tuvo un valor de 335.000. Y el de gestión del tráfico se ha encarecido en 200.000 euros, de 1,9 millones a 2,1 millones, según las cifras que aporta el propio Jurado.
Durante este año estos incrementos se han hecho frente a través de la vinculación jurídica a otras partidas también del capítulo 2, no se trata de modificaciones de crédito 'per se', pero se le parecen. Ello ha permitido adjudicar los nuevos contratos y la Concejalía de Hacienda se ha hecho una idea del dinero que tendrá que 'aflojar' en 2023 para afrontar nuevas renovaciones a empresas de servicios. De hecho, el capítulo 2 del próximo Presupuesto se amplía en 937.000 euros, casi un millón de euros, según el adelanto que el Ayuntamiento ya ha enviado al Ministerio de Hacienda.