Lo que no hizo la empresa que ejecutó el derribo del antiguo Hospital General Yagüe en 2016 tendrá que hacerlo el comprador del solar y, por tanto, el precio del suelo para su puesta a punto y destinarlo a los usos que establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se encarecerá. La parcela sale a subasta por un precio de salida de 4.688.000 euros sin IVA, tal y como adelantó este periódico, pero hay una serie de cargas que asumirá el adjudicatario y que incrementarán el precio final.
La primera es que con carácter previo al inicio de las obras se deberá retirar todo el relleno de escombros que hay enterrado en el subsuelo y proceder a su gestión como residuo. Erri Berri, la empresa que acometió la demolición, rellenó la parcela con parte del material que no retiró ni llevó a un centro autorizado. Tal y como en su día denunció Diario de Burgos, la firma ofrecía unos precios muy bajos a los gestores y estos no estaban dispuestos a hacer el trabajo por ese importe, de modo que una parte de las toneladas de escombros sirvió para tapar los agujeros generados, dado que la empresa debía dejar la parcela nivelada y miles de toneladas de residuos quedaron enterrados.
De este modo, la empresa se ahorró importantes costes al resultar adjudicataria del derribo del emblemático centro sanitario por 1,3 millones mientras que la propiedad, la Tesorería de la Seguridad Social, estaba dispuesta a pagar cuatro veces más. Su baja del 70% hizo que se adelantara a todos sus competidores. Los trabajos de demolición comenzaron en marzo de 2016 y tenían que haberse concluido en noviembre de ese año pero el hecho de no tener un gestor de residuos autorizado retrasó su conclusión.
Según el proyecto presentado en el Ayuntamiento, del solar tenían que salir 76.323 toneladas de material reciclable (29.228 de hormigón, 43.800 de ladrillos, tejas y materiales cerámicos y 3.295 de piedra). El resto como amianto, maderas, líquidos, vidrio o plástico llevó su propio proceso. Sin embargo, de las 76.323 toneladas, 46.000 fueron a una planta autorizada, de modo que las otras 30.000 serían las que habrían quedado bajo la capa de escombros que sí se trataron y que ahora se tendrían que retirar. No solo habría que pagar al gestor por cada tonelada que tiene que limpiar, triturar y convertir en materiales reutilizables sino que también habría que trasladarlos hasta la planta de tratamiento y ello también tiene un coste.
El terreno no quedó nivelado. En la actualidad se pueden ver grandes montículos de tierra y restos de piedras. La naturaleza se abre paso tras años de abandono y la hierba ha crecido en alguna de las zonas.
Descontaminación. La segunda carga sobre la parcela sería la realización de un análisis del suelo que determine si existe o no descontaminación, una operación que habría que realizar una vez que se hayan retirado los residuos de relleno antrópico y previa a la habilitación de cualquier tipo de uso de la parcela.
Las empresas interesadas en pujar por la parcela disponen hasta el 12 de mayo para presentar su oferta en sobre cerrado en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Vitoria, 16. Al margen de la oferta económica, los interesados en la compra de la parcela deberán constituir una garantía de 234.000 euros. La subasta se llevará a cabo el día 24 de mayo.
El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, Olga Hernando, visitaron ayer la parcela para comprobar su estado y mostraron su deseo de que haya un comprador debido por su «atractiva ubicación».
El PGOU permite la construcción de 102 viviendas (un 30% de protección), distribuidas en cuatro torres de nueve alturas y un espacio de equipamiento público y zonas verdes, así como un nuevo vial.