El Grupo Municipal de Podemos ha reclamado la anulación del proceso para adjudicar dos parcelas por parte del Consorcio del Desvío al considerar que en la mesa de contratación solo hay miembros de la oficina de gestión, todos ellos pertenecien a la Fundación Caja de Burgos, y ninguno del Ayuntamiento. Según explico su portavoz, Marga Arroyo, las mesas de contratación deben estar presididas, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y formarán parte de ella como vocales el secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el interventor. "Esta mesa de contratación puede ser nula de pleno derecho porque el alcalde, que estaba en esa mesa de contratación, delegó y todos los miembros de la mesa de contratación forman parte de la oficina de gestión del Consorcio. No hay ninguna representación municipal".
En este sentido, Arroyo subrayó que "están en juego" más de 200 millones de deuda de los consorcios que tiene el Ayuntamiento. "Nos parece impresentable que ningún miembro de la Corporación haya estado en la mesa de contratación y se deje en manos de una entidad privada, que tiene unos intereses distintos a los de una entidad público, la que presida la mesa de contratación. De modo, que la mesa de contratación puede ser nula al necesitar que esté un miembro de la administración", apuntó.
Cabe recordar que a finales del año pasado cuando se tomó la decisión de sacar a licitación la enajenación de 13 solares y se ha recibido una propuesta para comprar los terrenos en los que en su día los arquitectos suizos Herzog & De Meuron diseñaron la construcción de dos torres de 18 alturas en las traseras del Hangar, así como otra para levantar un rascacielos de hasta 22 alturas en una parcela próxima que hay detrás del polideportivo de San Pedro y San Felices. El precio de partida de cada una de estas 'subastas' permite conocer ya que entre las dos operaciones el Consorcio ingresará (si nada se tuerce) al menos 23,8 millones de euros.
En esta ocasión, el ente ha querido dejar bien atado su derecho a incautar una fianza para protegerse ante la posibilidad de que las promotoras decidieran en algún momento dar marcha atrás. Si no se han escriturado los terrenos en el plazo de nueve meses desde la adjudicación de los mismos (un trámite que se aprobará en febrero), el ente se quedará con una garantía cuyo valor se fija en el 5% del precio de licitación. En uno de los casos asciende a 308.337 euros y en el otro a 885.490. Es decir, si vienen malas, el Consorcio tiene ya asegurados casi 1,2 millones de euros.