La mayoría de acuerdos para evitar un juicio se producen en los juzgados de instrucción, principalmente en funciones de guardia con juicios rápidos, o en los de lo penal con procedimientos abreviados. Según los datos de la Memoria de la Fiscalía, en 2020 se alcanzaron 530 pactos en los primeros órganos judiciales y 351 en los segundos. Es decir, casi la totalidad de las sentencias por conformidad. En la Audiencia provincial es más difícil ver este tipo de arreglos entre las partes dada la complejidad de los asuntos y las elevadas penas que se suelen solicitar. De ahí que solo se alcanzaran 17. Uno de los últimos procedimientos que terminó de esta manera fue el del fratricida de la calle Progreso.   

Oleg N.P., que en enero de 2020 mató a su hermano Aleksandar N.G. tras acuchillarle en una tienda de ultramarinos de la calle Progreso, se enfrentaba a una pena de 18 años solicitada por el Ministerio Fiscal. El acusado, de nacionalidad búlgara, debía enfrentarse a un jurado popular en un juicio que se iba a celebrar en diciembre del año pasado en la Audiencia Provincial. Sin embargo, pactó una rebaja de la pena de prisión hasta los 12 y su expulsión del país. Aunque se conformó con la primera de las condiciones, recurrió la segunda sin que primero el tribunal de instancia y más adelante el TSJCyL aceptaran sus alegaciones. 

Otro de los grandes juicios que debían celebrarse en la Audiencia en los últimos meses y que terminó en un acuerdo entre las partes fue el que sentaba en el banquillo a doce narcotraficantes que pertenecían a una red que traía hachís del norte de África con 'muleros'. El Ministerio Fiscal solicitaba en un principio penas que oscilaban entre los cuatro y los trece años de prisión. Diez de los acusados reconocieron los hechos y pactaron entre dos y cuatro hasta un total de 26. Uno de ellos continuó el procedimiento al no aceptar el planteamiento de la acusación pública, quien interesó la busca y captura de otro de los procesados que se encuentra en paradero desconocido.

Algo similar ocurrió semanas antes en este mismo tribunal. La Sección Primera de este órgano judicial reservó una semana entera para juzgar nueve personas acusadas de importar de Holanda 45 litros de aceite de anfetamina camuflados en botellas de fertilizante de flores y con los que pensaban fabricar cientos de kilos de speed. Todas ellas alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público, que solicitaba en total 117 años de cárcel, para reducirlos finalmente a 55.  Los considerados como cabecillas fueron condenados a siete años de internamiento, la mitad de lo que en un principio reclamaba la Fiscalía en su escrito de acusación.