Aunque casi siempre los pactos judiciales llegan en el tiempo de descuento, los contactos entre las partes se inician desde que se cierra la instrucción y se dicta apertura de juicio oral. Especialmente cuando el encausado se enfrenta a penas elevadas por delitos muy graves. El principal objetivo de la defensa suele ser el de conseguir una pena inferior a sabiendas de que ante un tribunal va a obtener una condena segura. Las acusaciones y la Fiscalía, por su parte, suelen mirar más por evitar a las víctimas (o familiares), revivir una vez más los hechos. El acuerdo alcanzado ayer por el asesinato machista en Salas de los Infantes evitó, además, conformar un jurado popular y destinar recursos humanos y materiales durante varios días. Fue la segunda conformidad consecutiva en menos de un año.
En diciembre de 2021, Oleg N.P. también obtuvo una rebaja de su condena de 18 a 12 años de prisión tras reconocer que mató a su hermano Alexandar tras acuchillarle a la salida de un local de la calle Progreso. En este caso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial también reservó más de una semana para celebrar una vista con un tribunal ciudadano. El pacto entre las partes evitó su conformación días antes. Aunque el autor confeso del fratricidio sí se conformó con la pena de cárcel, recurrió otro punto del acuerdo que contemplaba su expulsión del país una vez cumpliera la tres cuartas partes. El Tribunal Superior de Justicia desestimó la petición.
En 2018 también se suspendió un juicio con jurado popular previsto en este mismo órgano judicial por un asesinato machista. En este caso el de la periodista de El Correo de Burgos, Yolanda Pascual. El autor del crimen, su marido Iñaki G.G., pactó con las acusaciones personadas una pena de 22 años de prisión (le pedían hasta 25).
A lo largo de la última década, otros dos procedimientos por feminicidios han terminado en acuerdo entre las partes antes de configurar un jurado popular de nueve miembros más dos suplentes. En octubre de 2012 acusaciones y defensa pactaron una condena por el asesinato de Isabel Velasco de 15 años de prisión para su marido y autor confeso, David García Juez. En 2011, José Ángel Cristóbal Aguilera se conformó con idéntica pena tras apuñalar y matar a la joven Isabel Barroso Fernández -su exnovia-, en un coche en un garaje interior de Severo Ochoa.
Sí se celebró el juicio con tribunal ciudadano contra José Tomás Villalibre por matar a su esposa, Benita Núñez, en julio de 2016. Fue declarado culpable y condenado a 25 años y medio de prisión. También el de Julián David Lázaro por el asesinato de Silvia Plaza en 2018. La pena fue de 24 años. Ninguno de los dos reconoció los hechos.