Varias familias de Miranda abogan por la tranquilidad y viven en las afueras, junto al monte, lejos del movimiento de los coches y apartados del ruido del centro. Muchas de ellas residen en Los Corrales y Bardauri, pero ahora su calma, según creen, se verá truncada por la construcción de una cementera muy cerca de sus viviendas, por parte de la mercantil Áridos del Norte. Ante las molestias que prevén que ocasionen el paso incesante de los camiones y el polvo de las instalaciones, ambos barrios han unido sus fuerzas y ya preparan, con apoyo técnico y jurídico, alegaciones para intentar frenar el proyecto. 

El Ayuntamiento de Miranda ha comenzado a tramitar el expediente y lo ha sometido a información pública. En el documento presentado por la empresa se reconoce que pretenden llevar a cabo, a menos de 540 metros de Bardauri, una actividad «molesta» por el ruido y el polvo que desprenderá. Ahora bien, precisamente se ampara en esta cuestión para justificar la elección de una zona calificada como «suelo rústico común», pues cree que tales problemas «determinan su inadecuación con los usos urbanos».

La compañía alega que cerca de ese lugar tiene un punto de extracción de material y considera que la distancia entre esa área «y la de producción es fundamental» por varios «factores». En particular, alude a cuestiones económicas, sobre las que dice que «el valor del árido es muy escaso y el transporte supone un incremento de coste notable lo que encarece el producto y lo deja fuera de mercado». Asimismo, remarca que hay elementos medioambientales para escoger este emplazamiento. «El transporte genera emisiones de gases de escape de polvo y tráfico, cuanto menos sea la distancia entre la extracción y la producción menor será el impacto de la actividad», expone.

Unido a ello, la compañía expresa en su proyecto que «la instalación de una planta de hormigón como la que se proyecta queda encuadrada dentro del apartado 6 de los usos sujetos a autorización en suelo rústico común», pues sostiene que «no implica modificación ni alteración del suelo, toda vez que se emplaza sobre un suelo ya alterado por la actividad extractiva anterior y actualmente nivelado». 

Además, defiende que tratará de camuflar sus instalaciones rodeándolas con vegetación y cubriendo cada elemento de los que se levanten con colores que no desentonen con respecto al entorno.

En cualquier caso, los vecinos de la zona claman, puesto que la cementera todavía no está en funcionamiento y ya ven pasar decenas de camiones cada día por delante de sus casas. El polvo se acumula en el aire y consideran que, con el tiempo, las molestias solo podrán ir a más.

Igualmente, opinan que el entorno natural, con San Juan del Monte a menos de un kilómetro, también sufrirá las consecuencias.

En este sentido, los residentes de Bardauri y de Los Corrales han encontrado el respaldo de, al menos, un grupo municipal. Izquierda Unida publicó ayer mismo un comunicado denunciando que «el proyecto conlleva la construcción de depósitos de más de 18 metros, itinerarios de transporte pesado, traslado de áridos que generan polvo en suspensión y derivados», lo cual implica «inevitablemente molestias e incluso peligros que nos preocupa puedan afectar a medioambiente y vecinos de la zona».  «Debemos evitar cualquier situación de este tipo para los mirandeses, vivan en el centro o en la periferia», remarca el partido.

De la misma manera, IU pone el acento sobre la afección que esta planta tendría en «nuestro entorno natural, como la Zona ZEPA de especial interés de protección de aves de Montes Obarenes y Ameyugo donde residen colonias de buitre leonado, milano real, alimoche o halcón peregrino entre otras» o en  «la zona ZEC de especial conservación, dentro del ámbito del Plan de Conservación del Águila Perdicera».

El partido de la oposición explica que las consecuencias derivadas del proyecto le obligan a «presentar alegaciones para impedir la instalación en este emplazamiento» y anuncia que «nos opondremos a que se conceda la autorización», dado que «existe jurisprudencia que es favorable a primar el interés público de preservar zonas de interés medioambiental y la salud».