Tuvo que llegar una pandemia para que el Consejo General del Poder Judicial atendiera las reivindicaciones de las titulares de los tres juzgados sociales, quienes veían casi imposible asumir un alto volumen de trabajo sin, al menos, un refuerzo. Se les denegó hasta en dos ocasiones al considerar que los niveles de pendencia estaban dentro de lo normal. En junio de 2021, por fin, llegó el apoyo de una jueza. Una ayuda que sirvió para mitigar el colapso absoluto de los órganos. Un año después, las cosas han mejorado ligeramente. Los niveles de ingresos son superiores, pero resuelven más pleitos que a finales de 2021. Sin embargo, los tiempos de respuesta de la mayoría de procedimientos siguen siendo tardíos. La agenda está completa hasta el 21 de diciembre de 2023. 

Hace unos días, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia dio cuenta del último informe remitido por las tres juezas titulares de la jurisdicción social, así como de la de refuerzo. Todas ellas coincidían en la pertinencia de mantener la medida de apoyo de la magistrada al considerar que, al menos, se está consiguiendo reducir los tiempos en los procedimientos de despido -que son los más urgentes-, pero no en los de Seguridad Social y ordinarios. 

Así las cosas, el número de asuntos pendientes del Juzgado de lo Social número uno es de 918 (el pasado año eran 944), en el número dos 967 (por los 965 del ejercicio anterior) y 948 en el tres (1.037 había en 2021). En total, 2.833. Bien es cierto que en cada uno de ellos han entrado más asuntos que el año previo y que las juezas resuelven un mayor volumen de trabajo. «Teniendo en cuenta el aumento en el número de sentencias dictadas desde el comienzo de la medida de apoyo hasta la actualidad, es evidente su eficacia y la necesidad de la renovación», aseguran las titulares de los tres órganos. 

Según detallan las magistradas en su informe, han fijado quince juicios diarios cada cuarto de hora durante dos días a la semana. Esto hace una media de unos 80 o 90 juicios por jueza al mes. Y, aun así, la agenda está ocupada de momento hasta la Navidad del próximo año. Teniendo en cuenta que la actividad baja en esa última semana de diciembre, parece inminente que inauguren el calendario de señalamientos de 2024.  

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó informar favorablemente acerca de la renovación de la comisión de servicio con relevación de funciones a favor de la jueza titular de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María la Real de La Nieva (Segovia), para que continúe reforzando los juzgados de lo social de Burgos. 

Ahora tendrá que ser la Comisión Permanente delConsejo General del Poder Judicial la que decida si da luz verde a la renovación de esta medida de apoyo que, por el momento, ha servido para mitigar el colapso de tres juzgados de lo Social, pero a tenor de lo visto parece insuficiente para dar una respuesta judicial rápida en la provincia de Burgos. De ahí que en su informe las juezas no se olviden de la reivindicación histórica de un cuarto juzgado. 

Y es que tras la última inspección ordinaria realizada por el presidente delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León al Juzgado de lo Social número 2, se advirtió de la «apremiante necesidad» de crear un cuarto órgano para la capital y mantener los refuerzos precisos mientras no se lleve a cabo esta reivindicación. 

Lo que se extrae de este recordatorio es que, y más después de dos negativas en momentos en los que ya se avecinaba el colapso actual,  las titulares de los juzgados sociales quieren centrar el tiro en la prórroga de la medida de apoyo, a sabiendas de que es la única petición que a día de hoy va a aceptar el Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que no lo consideren urgente. 

La cuestión es que el Ministerio de Justicia ya favoreció la creación de nuevas unidades judiciales dentro del plan de choque de la pandemia. En Burgos, atendió la reivindicación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia (que se especializó en Familia), pero no contempló uno nuevo de Social. Esta medida da una pista de que entre los planes de la administración central no está la creación de ese ansiado cuarto órgano.