El uso del dominio público que hacen las compañías que transportan energía eléctrica a través de sus redes y tendidos, gas, agua o hidrocarburos tiene precio desde que varias sentencias del Tribunal Supremo avalaron a los ayuntamientos que se lanzaron a cobrar una tasa a las compañías de electricidad e hidrocarburos. En Las Merindades, solo tres se han lanzado, la Merindad de Valdeporres, que aprobó su ordenanza en febrero de 2015, el Valle de Tobalina, con texto legal desde diciembre de 2018, y Medina de Pomar, que llevó al pleno en octubre la aprobación de la ordenanza. Entre los tres municipios aspiran a recaudar 284.000 euros anuales, 149.000 euros Tobalina, algo más de 100.000 Valdeporres, y 35.000, Medina, con tasas prácticamente calcadas. Pero la lucha en los tribunales continúa para los pioneros y Medina es muy previsible que tenga que defenderse de futuros recursos contenciosos contra su nueva ordenanza.
La Merindad de Valdeporres, la primera en explorar este terreno, vio clara la oportunidad de recibir ingresos de las eléctricas -el municipio carece de redes de agua, gas o hidrocarburos de empresas privadas- gracias a la cantidad de redes que sortean el municipio. Cinco de los catorce parques eólicos de la comarca se ubican en tierras de Valdeporres y los tendidos eléctricos se han multiplicado en el municipio, que sigue pleiteando con Red Eléctrica de España (REE). Cuando aprobó su ordenanza, después de que una consultora de ingeniería realizara un inventario de todas las redes que sorteaban suelo municipal, las compañías se lanzaron a los tribunales, pero perdieron sus recursos y cuando el Consistorio pasó al cobro la primera liquidación del año 2018 se avinieron a pagarla Viesgo Distribución, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) e Iberdrola. Sin embargo, Red Eléctrica de España (REE), que deberá de desembolsar algo más de 50.000 euros anuales, más del 50% de la recaudación total de Valdeporres, ha vuelto a pleitear. «Con su ingeniería jurídica», como la califican desde el Consistorio, está logrando retrasar lo que consideran imposible de evitar, a no se que se modifique la Ley de Haciendas Locales.
Así pues, en Valdeporres solo se ha recaudado lo correspondiente a 2018 y no se han pasado al cobro las liquidaciones de 2019 y 2020, más por una cuestión de exceso de trabajo en la Casa Consistorial, que por otro motivo. El Ayuntamiento tiene hasta cuatro años para cobrar esta tasa sin que prescriba su pago, por lo que en Valdeporres se muestran tranquilos.
Tras este municipio, en diciembre de 2018, el Valle de Tobalina aprobó de forma definitiva la misma ordenanza. El municipio que con la centra nuclear de Santa María de Garoña fue otra de las potencias en generación de electricidad también vio en los tendidos un nuevo ingreso, más necesario aún ante el cierre de la planta de Nuclenor y la caída de ingresos fiscales que ello está conllevando. Tobalina, con el mayor volumen de tendidos eléctricos de los tres municipios, ha calculado unos ingresos de 149.000 euros anuales, pero el Consistorio aún no ha pasado al cobro ningún recibo a la espera de cerrar el capítulo judicial con Red Eléctrica de España, la misma compañía con la que Valdeporres sigue pleiteando. El asunto ha llegado al Tribunal Supremo, mientras que Iberdrola ha decidido no recurrir en casación a esta instancia y dejar la vía judicial tras perder todos los juicios, algo que también le ha sucedido a REE.
En octubre, el Ayuntamiento medinés se sumó a la carrera de la tasa a las eléctricas y a las compañías de gas e hidrocarburos después de realizar un estudio. Espera recaudar 35.000 euros anuales, sobre todo, por las redes de transporte de electricidad. Sabedor de lo que le ha ocurrido a sus antecesores, el concejal de Hacienda, Jesús Puente, explicó que «no es fácil de aplicar, porque las compañías tienden a recurrir las ordenanzas», pero mostró su confianza en lograrlo gracias a las numerosas sentencias del Tribunal Supremo dando la razón a municipios de Coruña, Cáceres o Zamora, entre otros lugares.