Un solo Juzgado de Mercantil para dar respuesta al aluvión de concursos de acreedores que se avecina es insuficiente. Lo dijo hace dos meses José María López Tapia, quien estuvo al frente de este órgano durante casi una década y sufrió el colapso total en la crisis de 2008. Entonces ingresaban al año unos 400 asuntos y se estima que con el final de la moratoria se alcancen de nuevo esas cifras. En Burgos surge otro inconveniente, que es que ahora mismo el magistrado titular se encuentra en un programa de intercambio en Estrasburgo y no volverá hasta agosto o septiembre. Un juez sustituto que la Audiencia Provincial designó desde la bolsa general (sin una plaza fija) ha capeado el temporal, pero abogados especializados creen que para la más que previsible avalancha de casos haya que reforzarlo. 

«Ha hecho lo que ha podido. Es complicado entrar en un juzgado como Mercantil y estar solo un año», reconoce Guillermo Plaza, abogado especializado en este tipo de asuntos, quien ya advirtió cuando se hizo oficial la marcha del juez titular que para este tipo de órganos es esencial buscar un reemplazo con tiempo y elegir alguien con experiencia en la materia. 

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León buscó de hecho un perfil especializado en la materia para suplir esta baja. Por eso no tuvo dudas a la hora de escoger a su ex titular, José María López Tapia, tras sacar la plaza. Sin embargo, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial informó de manera desfavorable a instancias del TSJ vasco y la Comisión Permanente denegó la solicitud. 

A esta negativa le siguió la de María Estela San Miguel, la jueza de Primera Instancia 8, que hasta noviembre se encargó de los asuntos de Mercantil. Su renuncia, al no existir más sustitutos internos, obligó a la Audiencia Provincial a realizar un llamamiento en la bolsa general de la Comunidad. O lo que es lo mismo, solicitar a un juez que no pertenece a la carrera judicial al no tener asignada una plaza de oposición para que se hiciera cargo del puesto vacante. El turno le correspondió a Manuel Martín García, quien ha logrado que el juzgado se mantenga en unos niveles aceptables.  

Pero el problema comenzará a partir de ahora, con el fin de la moratoria que dejaba el trámite de los concursos de acreedores en una cuestión opcional. Una suspensión generada por la crisis del covid-19 que se ha visto agravada por el incremento del precio de las materias primas, la inflación generalizada y la guerra en Ucrania. Una tormenta perfecta que, en un país como España que se acude a esta herramienta cuando poco se puede hacer por salvar una empresa, puede provocar el colapso total de los juzgados. Todo ello con el proyecto de Ley Concursal, que prevé entre otras cosas la eliminación del administrador, aún por aprobar en el Senado.