La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial han contratado a una empresa para que redacte las nuevas normas urbanísticas de 187 municipios que carecen de un instrumento propio de planeamiento. En ellos reside solo el 4,7% de la población total de Burgos pero los términos ocupan la tercera parte del territorio provincial, de ahí que sea tan importante dotarles de una nueva ordenación urbanística básica que se adapte a su propia idiosincrasia pero también a la realidad actual.
El contrato se acaba de formalizar con la firma Omicron-Amepro por 141.000 euros, frente a los 200.000 por los que salió a licitación, que serán sufragados a partes iguales por las dos administraciones, según el convenio firmado el 9 de mayo de 2018. No obstante, aún habrá que esperar al menos 3 años para que estas nuevas normas puedan entrar en vigor, puesto que la firma dispone de 33 meses para la redacción de este documento, y en ese plazo no se incluyen los periodos en los que sea la administración la que tenga que tomarse su tiempo para informar, fijar o modificar criterios, tal y como establece el contrato. De hecho, el detalle presupuestario contempla pagos en 4 anualidades, hasta 2022.
Las Normas Subsidiarias vigentes datan de 1996, por lo que la Junta y la Diputación consideran necesario actualizarlas a fin de que los pequeños municipios que carecen de medios y de recursos económicos para elaborar las suyas propias puedan "adaptarse a las renovadas y múltiples exigencias de la legislación sectorial" al tiempo que logran "su desarrollo sostenible". El documento buscará "un planeamiento que, respetuoso con el medio ambiente, no impida la implantación de iniciativas económicas, muchas veces ligadas a la industria agroalimentaria o de turismo rural, por rigideces de interpretación o mera obsolescencia de las actuales normas provinciales, que ya cuentan con más de veinte años de vigencia", reseña el pliego.
Además de pagar el 50% del contrato, la Diputación se compromete a prestar el apoyo técnico necesario y a coordinarse con los municipios afectados. De cada uno de ellos se redactará una memoria informativa y otra vinculante, en la que se incluirá la caracterización de la totalidad del suelo rústico, la propuesta sobre las dotaciones urbanísticas públicas, el catálogo de los elementos protegidos y un resumen con los ámbitos en los que se altera la nueva normativa o se suspende la concesión de licencias, si procede.