«No se puede reponer lo que no se ha desmantelado». Este es el principal argumento que esgrimirá la Junta de Castilla y León en su respuesta al Gobierno de la Nación tras el requerimiento previo enviado este lunes desde Madrid como aviso antes de llevar la liquidación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) ante los tribunales. Dos días después de recibir vía GEISER la notificación del Ministerio de Trabajo, el portavoz del Ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo, confirmó que Castilla y León contestará al requerimiento del Gobierno antes de los dos meses de plazo que marca la ley. Una respuesta que se basará en el mantra que viene repitiendo la Junta desde que a finales de enero se iniciasen los trámites de disolución del Serla. «Demostraremos que cumplimos la ley y garantizamos la prestación del servicio, como hemos dicho siempre, y la puesta a disposición de la financiación que nos pueda corresponder para ello», aseguró Carriedo durante su participación en un acto en Valladolid.

La misiva de Madrid acusaba al Gobierno autonómico de incumplir con la legislación laboral y le insta a que «reponga inmediatamente dicho servicio» adoptando los «acuerdos administrativos oportunos para garantizar la continuidad de los sistemas de solución de conflictos laborales que desempeña el Serla». Precisamente, la viabilidad económica del servicio pende de un hilo, ya que, según una misiva del presidente de la Fundación a todos los patronos del Serla –Junta, patronal y sindicatos– a la que ha tenido acceso este periódico, se les avisa de la «inminente falta de liquidez para afrontar pagos de nóminas y Seguridad Social».

Fijación con CyL

El portavoz autonómico y consejero de Economía y Hacienda retomó las críticas que este lunes ya lanzó el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la ministra Yolanda Díaz, a la que afeó que pidiera a través de la red social Twitter que la Junta retomara el servicio, cuando «quizá la primera cosa es que no lo hemos eliminado y sigue funcionando», informa la Agencia Ical. Incidió en este punto en que el Ejecutivo autonómico «trabaja en cumplir la ley y que garantiza los servicios públicos de calidad y por tanto, también la prestación de este servicio con un nivel de calidad». Criticó a renglón seguido a la propia vicepresidenta, en particular, y al Gobierno, en general, la «fijación con tanto detalle en Castilla y León», al contrario, matizó, que el interés que presta con otras comunidades.