La muerte de dos octogenarios y la afección de otros 26 mayores por una intoxicación alimentaria en la residencia mixta de mayores de la Junta en Miranda puede tener diversas consecuencias tanto para la Administración regional como para los trabajadores del centro. A la apertura de diligencias por parte del fiscal de Burgos se une otra investigación que está haciendo la Policía Nacional, que según fuentes judiciales está en pleno proceso de obtención de datos para determinar si estos hechos pueden derivar en la elaboración de un atestado que presentar al Juzgado de Miranda, si es que entienden que puede haber algún tipo de delito.
De momento, en la sede judicial mirandesa no se ha presentado ninguna denuncia ni por parte de familiares ni por parte de ninguna otra administración o colectivo, pero el hecho de que como consecuencia de la intoxicación alimentaria haya habido dos fallecidos obliga a que se investigue lo ocurrido para, si es preciso, depurar responsabilidades y conocer con exactitud lo que pasó.
Es también ese el espíritu de las diligencia abiertas por el fiscal, que primeramente debe recabar información para estudiarla y ver si lo ocurrido justifica la apertura de algún procedimiento judicial. Para ello las partes deberán aportar toda la documentación referida al caso, tanto en materia de funcionamiento de la residencia y cómo se administró y manipuló la comida causante de la intoxicación (un puré hecho con carne de ternera), como las conclusiones de los profesionales sanitarios que atendieron a los dos octogenarios que murieron en el hospital tras agravarse su estado.
En paralelo a todo esto ayer hubo una reunión del comité de empresa de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades de Burgos, en la que participaron los representantes de los seis sindicatos que tienen representación (CCOO, USAE, CSIF, CGT, UGT y Satse), quienes decidieron reclamar a la Gerencia de Servicios sociales todos los informes y documentación sobre lo ocurrido.
«El gerente dice que no nos puede dar la información porque los informes aún no están acabados al cien por cien, así que ellos decidirán cuándo nos los dan, porque creemos que debe haber total transparencia para conocer lo que ha pasado», explica Juani Pozo, la presidenta, recordando que de momento la Junta ya ha usado esos informes parciales y que no ha mostrado a nadie para justificar una mala manipulación.
Además ayer el sindicato UGT emitió un comunicado en el que entre otras cosas reclama a la Junta toda la información y «una actuación responsable en el gestión de esta situación tras los errores cometidos estos días». También critican «el deterioro de los servicios que presta la Gerencia de Servicios Sociales», dando su apoyo además de a las familias a los trabajadores del centro por su y trabajo «supliendo todas las dificultades de carencia de medios, de personal». También recuerdan la obligatoriedad del «cumplimiento de todos los protocolos» y la «exigencia de que el personal adscrito en todos los departamentos sea el necesario».