Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Esta vieja máxima es la que está aplicando sistemáticamente la Consejería de Educación a la reiterada e insistente petición de la UBU para implantar en Burgos los estudios de Medicina. Ya está bien de que la Junta se ponga de perfil y nos siga tomando el pelo persistiendo en una negativa que no se sostiene ni siquiera engordando torticeramente los informes económicos sobre su viabilidad. En Valladolid saben perfectamente que solo con los alumnos burgaleses que cursan el grado en los campus pucelano y charro, los dos que tienen el monopolio de estos estudios en la comunidad, y en otras universidades -Madrid, Extremadura, País Vasco, Galicia…- serían más que suficientes para garantizar la matrícula. Estamos hablando de 72 plazas de salida. Si además añadimos que cuenta con instalaciones académicas más que suficientes y ese hospital que luce en su rótulo la palabra universitario se completa el círculo, a falta, eso sí, de un compromiso financiero firme de la propia Junta. El mismo que tiene con Valladolid y Salamanca. 

El debate académico y político sobre la implantación del grado de Medicina en Burgos -también en León, otra provincia que lo reclama- necesita de empeños y acuerdos, no de disculpas ni trampas saduceas. Se echa en falta un compromiso en la cúpula del Ejecutivo autonómico, esa intervención directa de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y charro militante, así como del burgalés Juan García-Gallardo, vicepresidente y ahora pucelano de conveniencia. Bien saben ambos que para que Burgos cuente con estos estudios es necesaria voluntad política. La de los dos. 

En este reto de ciudad la sociedad burgalesa no puede dejar solo al rector Pérez Mateos ni a las instituciones locales. Hay que movilizarse. Los procuradores burgaleses del PP y Vox no pueden seguir tumbando mociones y mirando a otro lado en las Cortes mientras la UBU inaugura un nuevo curso académico sin facultad de Medicina.