Hace unos años resultaba revolucionario. Fíjate tú, qué curioso, todos los ciudadanos podíamos escudriñar la declaración de bienes de los políticos. Saber cuánto tiene el otro es uno de los deportes favoritos de todo español, y así empezamos a conocer el montante de las cuentas bancarias de los representantes públicos, cuántos apartamentos en Torrevieja disponen o qué tipo de coche conducen.
No solo era cotilleo, que también. Era una forma de mostrar públicamente, primero al inicio y luego al final del mandato, que los representantes públicos no se habían enriquecido en demasía durante sus labores. Así podríamos quedarnos tranquilos en cuanto a la limpieza de su trabajo y en cuanto al destino de nuestros impuestos. Pero eso fue solo al principio. Muy al principio. Rápidamente aquello perdió toda su pureza y se convirtió en un circo.
Este año, por ser electoral en varios ámbitos, hemos tenido empacho de noticias al respecto. Y son cada cual más desalentadoras. Porque lejos de enseñar sus transparencias, el 99% de los políticos (siempre hay que dejar margen de error) se ríe descaradamente de sus votantes.
¿Alguien puede creerse las ridículas cantidades de dinero que declaran tener quienes llevan un par de décadas ingresando 80.000 euros al año? ¿Acaso son así de manirrotos? ¿O son directamente poco amantes de la verdad?
Puedo imaginarme sin esfuerzo las escenas de las semanas previas a las elecciones en las que los candidatos novatos consultan a los veteranos, o en su defecto a los asesores, cómo hacer para ocultar lo que tienen. Una cuenta corriente a nombre de su pareja, esa escritura olvidada, vehículos que estarán matriculados por algún primo de Albacete… la única conclusión posible es que la enseñanza pública de sus bienes no es más que otra mentira, por mucho que a los periodistas les entretenga una tarde y a los lectores la mañana siguiente, principalmente para comentar lo del todo increíble de las cifras y la indignación que generan.
Sería bonito que Hacienda investigase en serio esas declaraciones, que se metiera a fondo y descubriera a dónde va a parar lo que ganan, que no puedan alegar que lo invirtieron en aceite de oliva. Me temo que la ministra o ministro de turno jamás darán esa orden.