La estabilización del profesorado en la universidad pública española en los últimos años ha sido algo realmente complejo. A pesar de haber gran parte del profesorado acreditado para obtener una categoría profesional superior a la que desempeñaba, la escasa tasa de reposición ha imposibilitado que se convocaran los procesos correspondientes. Esta situación se ha revertido desde hace unos cursos académicos, donde por fin, en muchas universidades, se pueden dotar gran parte de las plazas demandadas, para así conseguir la estabilidad de la plantilla y contribuir, poco a poco, al necesario relevo generacional.

Sin embargo, para conseguir esa tan ansiada acreditación, el profesorado ha de someterse al cumplimiento de una serie de méritos exhaustivos (proyectos de investigación, docencia, dirección tesis, participación en congresos, estancias de investigación…), de entre los cuáles destaca el elevado número de publicaciones exigidas, debiendo de estar estas indexadas en revistas de alto impacto. Todo esto es valorado por comisiones de profesorado constituidas por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), quienes a través de unos criterios publicados (se supone que objetivos), determinan si el docente es 'apto' o 'no apto' para acreditarse en la figura que solicita. En determinadas ocasiones, el sistema se convierte en perverso por varias razones: a) algunos integrantes de la comisión valoran a aspirantes cuyos méritos son claramente superiores a los suyos; b) si algunos miembros de la comisión tuvieran que aplicarse los criterios establecidos, claramente no los superarían; c) suele haber porcentajes de rechazo altos (en algunas comisiones hasta del 80%); d) los plazos de respuesta son largos (en algunas comisiones rondan el año). 

Por todo ello, la frustración y la presión del profesorado es elevada, ya que, si quiere promocionar, debe de cumplir con una gran cantidad de méritos, por supuesto sin descuidar aspectos relevantes como la docencia, tutorías, dirección de trabajos fin de grado, máster, cargos de gestión… Esta situación, que ya supone una gran limitación para el profesorado con vinculación permanente, se agudiza exponencialmente en el temporal, ya que acreditarse se convierte en una imperiosa necesidad para que su contrato con la universidad no finalice (por ejemplo, un contrato de ayudante doctor tiene una duración de 4 años). Además, como en el caso de las publicaciones, uno no puede controlar los plazos, ya que en determinados ámbitos hay revistas que tardan en torno a 8 meses para dar una respuesta. Ante esta presión existente, surgen las prácticas poco éticas (pero efectivas), como revistas que, avaladas por multinacionales, publican en un corto periodo de tiempo, con parámetros de cuestionable calidad, a razón de 3.000€ el artículo. ¿Qué hacer cuando eres un docente que necesita estos méritos y el tiempo de contrato se te acaba? ¿Dónde queda la inversión de tiempo para garantizar la calidad de la docencia? ¿Somos consciente del tiempo y trabajo que conlleva una realizar una investigación y publicación de calidad? Y, lo que es más importante, ¿Qué sentido tiene que el sistema presione de esta forma al profesorado universitario? ¿A quién beneficia esto y que intereses hay detrás?

Viene una nueva ley, pero no parece que todos estos interrogantes vayan a resolverse. Lo que parece obvio es que se necesita un sistema de acreditación más oxigenado, sin tanta presión, que permita evolucionar al profesorado de forma más sosegada, tranquila y meditada. Sin duda, de esta forma se ganaría en calidad y bienestar del docente e investigador, algo que repercute directamente en todas sus competencias profesionales.