Hace unas semanas me llamó un directivo de una multinacional que está poniendo en marcha una industria en Burgos para que trasladase su agradecimiento a determinados técnicos del Ayuntamiento de Burgos por su agilidad y profesionalidad ya que con su colaboración había conseguido cumplir con los plazos de puesta en marcha que tenían previstos. Además, me decía que en otras inversiones que estaban realizando en el sur de Madrid y en las Islas los plazos de obtención de licencias eran mucho más largos lo que les suponía incluso llegar a reconsiderar los proyectos de esos territorios.

Esta semana otro empresario me contaba que había sufrido un incendio en su nave de producción y que gracias a la rapidez y buen hacer de los algunos técnicos de la Junta de Castilla y León había conseguido poner en marcha una nueva instalación de producción en tiempo récord minimizando los efectos del siniestro en su actividad y en su plantilla.

Ambos casos demuestran hasta qué punto los técnicos y funcionarios de nuestras administraciones locales y regionales influyen a la hora de atraer e impulsar nuevas industrias en nuestro territorio; y que puede dar la impresión de que contamos con unas administraciones que realizan una labor excelente en este sentido. Nada más lejos de la realidad. Ambos casos son excepciones ante una regla bastante generalizada en la que la administración tiende a ser un obstáculo a superar en los procesos de puesta en marcha de proyectos de todo tipo que obliga a empresas o entes privados a tener que esperar grandes periodos antes de obtener las licencias necesarias para ejecutarlos o a que pasen muchos meses o incluso años para cobrar las subvenciones o ayudas a las que tienen derecho. Y que no te pase nada si al funcionario de turno le da por pedir varios informes de terceros para tomar una decisión que él debería tomar o que, en base a su análisis de la normativa las exigencias se multiplican cuando en otras administraciones las interpretaciones de la misma normativa son más constructivas. 

Está claro, por tanto, que algo falla en la gestión de los empleados públicos que lleva a que unas personas que han demostrado inicialmente unos altos conocimientos para desarrollar las funciones que se les pide acaben sufriendo, en un elevado número, un proceso por el que ven reducidas sus capacidades y su rendimiento. Y esto es algo en lo que nuestra sociedad debería poner un mayor foco dado que como he comentado al inicio tienen una gran influencia en el crecimiento de nuestra economía.

Hoy en día las empresas privadas están poniendo un especial interés en desarrollar a sus empleados como vía para ser más competitivas. Y si comparamos la gestión del talento que se realiza en el sector privado con la que desarrollan las administraciones con los empleados públicos se observan al menos cuatro aspectos en los que el sector público debería trabajar en aras a mejorar su productividad.

El primero es dotar de una mayor flexibilidad a las funciones a realizar por el empleado público. Ello permitiría no solo dedicar más personas a las tareas que en cada momento sean más necesarias, sino que también conseguirían que el funcionario asumiese nuevos retos con lo que ello supone de incremento de motivación en el trabajo. En una, ya de por sí, muy larga carrera laboral, dedicarte durante décadas a realizar las mismas funciones genera cansancio y hastío, por lo que asumir nuevas responsabilidades debe ser un elemento claramente Re motivador en la carrera profesional de un funcionario público.

El segundo aspecto sería el derecho del ciudadano o de la empresa que se relaciona con la administración a valorar la satisfacción del servicio recibido por el funcionario o servicio técnico que le ha atendido. Esta valoración permitiría enfocar la mejora de los servicios públicos a la vez que defender aquellos injustamente tratados. 

El tercer aspecto a desarrollar, y muy ligado al anterior, es impulsar el reconocimiento de aquellos empleados públicos que alcancen unos resultados por encima de la media. Hoy en día el mayor reconocimiento que va a obtener un funcionario por su buen hacer es una palmadita en la espalda cuando debería existir un sistema que ofrezca incentivos retributivos o de desarrollo de la carrera profesional para aquellos empleados públicos que mejoren los resultados que se les pide.

Y, por último, y probablemente más importante, es muy necesario que un funcionario conozca en detalle el propósito de las funciones que desarrolla. Por poner un ejemplo, si los técnicos que con su agilidad y diligencia ayudaron a poner en marcha rápidamente la nueva fábrica de la industria que sufrió el incendio, conociesen personalmente a sus empleados, los cuales pudieron retomar sus puestos de trabajo en muy poco tiempo, estoy seguro que recibirían una dosis de satisfacción que nunca podrían olvidar.