El artículo 47 de la Constitución deja claro el derecho que tenemos todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y, añade, que son los poderes públicos los que tienen la obligación de promover las condiciones y establecer las normas para hacerlo efectivo. Esto sobre el papel, la realidad es muy diferente. Entre el alto precio de compra y la subida de hipotecas y alquileres es casi imposible conseguir vivienda con un coste que no supere el tercio de los ingresos mensuales, tal y como recomiendan los expertos en finanzas; sin perder de vista que el tercio de un sueldo exiguo, como es el de muchos, no da ni para alquilar una habitación en la situación actual.

El gobierno anuncia que 50.000 casas de la Sareb pasarán a formar parte del parque de viviendas de alquiler social. Medida a todas luces insuficiente que no es más que un golpe de efecto para arrimar el ascua a su sardina de cara a las inminentes elecciones municipales y autonómicas pero que, por otra parte, abre el camino a algo que podría ayudar a resolver el problema como es la recuperación de la promoción de vivienda de protección social, abandonada en nuestro país desde hace tres décadas porque a ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, le ha interesado destinar suelo público ni recursos para este fin. En 2022 la vivienda pública en alquiler no llegaba ni al dos por ciento, cifra muy alejada de la media europea y de países como Holanda donde alcanza el 30%. Los efectos de estas medidas tardarán en notarse pero sigue siendo una alternativa mejor que la propuesta de la oposición que parece no haber aprendido la lección que nos dio la crisis de 2008: mayor oferta no se traduce en abaratamiento de los precios, sino todo lo contrario. 

Otra noticia prometedora es la aprobación de la Ley de Vivienda. Veremos si consigue poner coto a los abusos en el mercado del alquiler porque la aplicación de muchas de las medidas propuestas depende de la voluntad de las administraciones locales y de las comunidades autónomas que son las que tienen competencias en materia de vivienda y es bien sabido que las necesidades de los ciudadanos quedan en un segundo plano cuando se trata de hacer morder el polvo al rival político.