«El alquiler es una bomba de extraer ingresos de las clases trabajadoras hacia las clases más poderosas». La ministra Ione Belarra dixit y en Podemos se corea este y otros argumentarios mitineros y populistas para defender una Ley de Vivienda que nace tocada. 

Será histórica, no lo dudo, pero no porque vaya a resolver los problemas endémicos de la vivienda en España, enquistados desde la Transición, sino porque los complicará más. Una cosa es controlar los precios y acabar con la especulación y otra distinta echar sobre los hombros de particulares la obligación constitucional del Estado y demás poderes públicos de proporcionar a las familias vulnerables un techo digno.

La subida de las hipotecas está desbocando los alquileres, pero la nueva legislación, lo dicen expertos, contraerá y precarizará aún más la oferta de vivienda en alquiler, expulsará a los menos pudientes y, lo más grave, impulsará el mercado negro. Y eso sin contar con la inseguridad jurídica, la desprotección de propietarios y la cobertura legal extra que la nueva norma brinda, con el beneplácito del PSOE, a los okupas y, en especial, a los inquiokupas.

Belarra y Sánchez, que se ha lanzado a prometer en su particular tómbola electoral miles de pisos en diferido, no deberían desconocer que frente a esos fondos buitres y otros grandes tenedores de viviendas coexisten un gran número de particulares que viven de las rentas de unos pisos que, en la mayoría de los casos, adquirieron haciendo grandes sacrificios personales y económicos. Otros pequeños tenedores han heredado la vivienda familiar y con esa renta complementan los ingresos de una nómina baja, ayudan a los hijos.

Los inquilinos necesitan protección y seguridad jurídica para evitar abusos en los precios y protegerse de la especulación pero esa tutela no puede ir en detrimento de esos miles de pequeños propietarios que son ahora mismo la espina dorsal del mercado del alquiler. En su mayoría están remisos a sacar al mercado sus pisos por la incertidumbre y la inseguridad jurídica.