Esther Alonso

Ser o Tener

Esther Alonso


Menos comunidad que nunca

17/04/2024

Con más resignación que indignación, cada año se hace más evidente que el libro y la rosa de San Jordi acaparan todos los focos del 23 de abril. Ni el San Jorge aragonés, ni mucho menos los tres comuneros de Castilla y León decapitados en Villalar, han sido capaces de ganar la batalla contra el dragón catalán, ante una fiesta especialmente bonita con décadas de marketing emocional y comercial detrás, de los que en este territorio siempre hemos andado tan escasos.

Aceptado el hecho de que en Castilla y León somos mochuelos juntos, pero no revueltos, nunca antes que ahora había percibido tanto desapego hacia la Comunidad. El hecho de que haya dos gobiernos paralelos, uno por cada partido de los que dirigen en coalición el territorio, no ha hecho sino agrandar esa grieta seca y profunda que serpentea el contorno de cada provincia y que hace percibir a Castilla y León como un puzle de nueve piezas que cada vez es más difícil hacer encajar. 

De esta forma, parece que Castilla y León ha terminado por convertirse en un edificio de nueve plantas. En la más alta, el ático, se encuentra la sede del gobierno autonómico. Desde allí ambos partidos dirigen sus consejerías de tal manera que su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda (por aclarar: me refiero a las manos de escalera). Del noveno piso hacia abajo, el resto de provincias puede competir por la que mejor se ajuste a sus vistas. Las más altas, con orientación al sur, son las más caras. Sepa cada cual dónde se encuentra y dónde le gustaría encontrarse.

Así las cosas, y por seguir haciendo añicos los naipes de la baraja, propongo una nueva reforma del estatuto de autonomía, con el fin de que la representación, y no solo la elección, en las Cortes de Castilla y León, sea territorial, con una representación provincial efectiva y dinámica que no solo atienda, como sucede ahora, al número de habitantes, sino que responda también a criterios de cohesión y equilibrio territorial. Con ello quizá avancemos en tener en común algo más que 81 procuradores regionales de los que casi nadie sabe sus nombres y, lo que es peor, ni siquiera importe.