El despido puro y duro, el disciplinario, se está convirtiendo en la fórmula más utilizada por las empresas burgalesas para acompasar el tamaño de sus plantillas a los picos de su actividad. A falta de la sucesión de los contratos temporales, muy restringidos tras la reforma laboral de finales de 2021, la extinción de los contratos indefinidos (en teoría, más estables) se ha impuesto en las relaciones laborales en la provincia, elevando también la conflictividad laboral.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, impulsora de la última reforma laboral, no facilita el balance provincial de los despidos firmados en los últimos meses, algo que sí hace con los contratos. Hasta septiembre, el 35% de los nuevos empleos firmados en la provincia eran de carácter indefinido; antes de la reforma no llegaban al 9%.
Hay que acudir a la estadística de conciliaciones individuales, dependiente de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, para confirmar que el número de conciliaciones individuales por despido ha crecido un 22,3% a lo largo del primer semestre del año con respecto al mismo periodo del pasado año.
Son 1.018 trabajadores despedidos hasta el pasado mes de junio que han presentado una demanda de conciliación ante la Autoridad Laboral (ante el Servicio de Conciliación, Arbitraje y Mediación), un paso obligado para intentar un acuerdo entre las partes o, en su defecto, abrir la vía judicial.
Burgos es la provincia con mayor número de conciliaciones individuales por despido de Castilla y León, donde en el primer semestre del año se alcanzaron las 3.718, lo que también supone un incremento del 18% con respecto a enero-junio de 2022.
En el 54,7% de los casos estas demandas se han resuelto con la avenencia entre el despedido y el empresario y el 27,5% de las mismas han acabado en los tribunales. Son porcentajes que apenas han variado con respecto a lo ocurrido en el primer semestre de 2022, aunque los casos han crecido al haber más despidos.
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