En enero de 2020 se conoció públicamente la complicada situación que estaba atravesando Aspanias cuando anunció el despido de 70 trabajadores y el inicio de contactos con entidades financieras para conseguir un préstamo de casi 3 millones de euros. Paralelamente, un grupo de familias de usuarios se constituyeron en un movimiento informal, muy crítico con la gestión que se había llevado hasta entonces y uno de cuyos objetivos fue conocer la deuda completa que el Grupo tenía. Con el nombre de Aspanias Cambia denunciaron la falta de transparencia de los órganos gestores y los problemas diarios que sufrían sus hijos y hermanos con discapacidad intelectual en los distintos centros, residencias y viviendas.

La situación se fue agravando por la llegada de la pandemia, que dificultó la celebración de elecciones para renovar los órganos directivos y por las inspecciones que la Consejería de Familia abrió en los diferentes centros de la entidad. La propia consejera, Isabel Blanco, dijo en este mismo periódico que Aspanias no podía tener «como rehenes» a las familias y a sus trabajadores. Poco después se encargaba a la organización Plena Inclusión (es la federación de asociaciones y fundaciones de familias de personas con discapacidad intelectual en Castilla y León) que se ocupara de gestionar Aspanias, una intervención en toda regla, que fue asumida de buen grado por la asociación burgalesa. 

Se supo entonces (mediados de 2021) que la deuda alcanzaba los 8,5 millones de euros. En la actualidad y según los cálculos de los actuales gestores, se ha recortado en dos millones y el objetivo es terminar 2023 con 6,1 millones pendientes. Aspanias tiene una plantilla de  600 trabajadores (algo más que cuando comenzó su crisis, porque antes había centros que no cubrían la ratio exigida de profesionales por persona) y un millar de plazas de distintos tipos para personas con discapacidad intelectual.

En todo este tiempo, además, se han abierto 5 nuevas viviendas para que los inquilinos inicien su vida de manera independiente de los centros o de sus familias, y se están buscando locales en Burgos capital a los que trasladar el centro de día de Quintanadueñas. La intención es que sus 160 usuarios, que se dividirían en distintas ubicaciones, puedan beneficiarse de los recursos de la comunidad como centros cívicos, instalaciones deportivas y de ocio que en la actual ubicación, junto al polígono industrial de Villalonquéjar, no están a su alcance. Para ello, entre otras gestiones, se van a dirigir al nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento para buscar que les pueda facilitar el acceso a algún local municipal.